Un nuevo informe jurídico que emite una funcionaria municipal, que no hace más que ratificar que el suelo y el subsuelo de la plaza de San Antonio es público, lleva a que el grupo de Democracia Ourensana advierta al gobierno popular de que llevará el asunto a la vía judicial por presunta prevaricación, de no adoptar de forma inmediata una decisión al respecto. Su portavoz, Gonzalo Pérez Jácome, alerta de que el Concello tiene el deber y la obligación legal de "recuperar la posesión de ese subsuelo", ya que en estos momentos está ocupado por locales y un aparcamiento subterráneo privado.
Una historia que Jácome califica de "mareante", y que entre los anteriores gobiernos del PP y del PSOE "orquestaron un engaño masivo a la ciudadanía". Así, en 2004, una sentencia anuló las licencias para el conjunto de la plaza, en la que se permitía la ubicación de una aparcamiento subterráneo privado.
Desde DO se asegura que la exedil socialista de Urbanismo Áurea Soto concedía licencias de legalización, con el argumento de que de esa forma se "conseguía un ahorro de 40 millones en demoliciones", cuando en realidad "se podría haber legalizado los edificios igualmente y sacar a concurso la concesión del parking, que se encuentra en subsuelo público", indica Jácome.
Según los datos aportados, en función de la ordenanza fiscal del Concello, el otorgar la concesión administrativa de aparcamiento, con 303 plazas, en lugar de privatizarlo mediante licencia otorgada en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), supondría un canon anual mínimo -solo en concepto de tasas- de 1,75 euros/metro cúbico al año.
Advierte, sin embargo, que el precio de mercado es superior, por lo que el Concello "está perdiendo entorno a 100.000 euros al año, más de un millón de euros desde entonces, unos diez años. Con el agravante de que no solamente es lo que pierde el Concello, sino lo que "otros ganan a su costa", en alusión a la empresa privada que lo explota.
El portavoz de DO afirmó que la intención tanto del actual gobierno popular como del anterior, socialista, es "favorecer a la empresa a costa de los ourensanos". Y acusó al ejecutivo municipal de "estar ignorando dicho informe -el del técnico municipal-, aplazando su resolución y aún poniéndose en los juzgados de parte de la empresa que explota dicho aparcamiento subterráneo".
Pero a esto hay que sumar el caso de los locales del subsuelo que en su día se vendieron en 5 millones de euros, y que la Tesorería de la Seguridad Social no puede utilizar, toda vez que el Concello le deniega la licencia de obra por estar en suelo público. Es por lo que DO pedirá a la ministra de Trabajo la apertura de una investigación sobre la compra de estos locales, que se encuentran abandonados, y que reclame al Concello sus derechos.
