La sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense que condena al alcalde de Vilariño de Conso, Ventura Sierra, a 7 años de inhabilitación por contratar a 29 personas a su "libre voluntad" será revisada por el Tribunal Supremo. El regidor actualmente independiente -causó baja del PP tras la apertura de juicio oral, aunque los ediles del grupo lo apoyan- confirmó ayer el paso. Su abogado, Jorge Temes, irá en casación para que la absolución de primera instancia por falsedad documental se amplíe al delito de prevaricación, por el que la Audiencia Provincial sí ha condenado.
Como ya argumentó en el juicio, la defensa entiende que el criterio que siguió el alcalde -29 contrataciones en 2012 y 2013, sin seguir publicidad- encajaba con los requisitos establecidos por una orden del Diario Oficial de Galicia sobre programas de cooperación de empleo con los municipios. La ausencia de anuncios de las ofertas los habría suplido, según el letrado, con la petición a la oficina de empleo de Viana do Bolo -la de referencia- del listado de desempleados de la zona, a los que el alcalde quiso primar, según su interrogatorio en el juicio.
La Audiencia Provincial de Ourense impuso la mitad de la pena propuesta por la Fiscalía por prevaricación, y exculpó de falsedad al alcalde. El regidor sigue al frente de uno de los municipios con menor población de Galicia desde 1979 salvo por un paréntesis entre 2007 y 2009, primero bajo las siglas del PSOE y desde los noventa con la de los 'populares', hasta su baja de la militancia del PP por la apertura de juicio oral.
Ventura Sierra seguirá en el cargo hasta que el Supremo se pronuncie. Podría darle tiempo incluso a terminar el mandato, que expira a mediados de 2019. "Evidentemente voy a seguir de alcalde con normalidad, es mi responsabilidad con los vecinos", dijo ayer a FARO.
Según la resolución de la Audiencia, el alcalde de Vilariño contrató "a las personas que quería contratar", obviando los principios de publicidad, mérito y capacidad. El acusado obró, según el tribunal, "a sabiendas de que no podía hacerlo", puesto que la secretaria lo advirtió por escrito y de palabra. La defensa añade que los reparos eran redactados por la funcionaria y el regidor creía que con ellos se solventaba la situación. "No levanté reparos en beneficio mío ni de mi entorno, sino que lo hice por la gente de mi pueblo. En Vilariño, en 2012 y 2013, también había crisis, y los que tenemos una responsabilidad tenemos que atender necesidades".
