En Vilariño de Conso, uno de los municipios con menor población de Galicia, encastrado en el Macizo Central ourensano, hay un censo de 586 habitantes, según el IGE, pero a diario viven poco más de 300. Entre 2012 y 2013, hubo 29 contrataciones a dedo. El veterano alcalde, Ventura Sierra, que gobierna desde 1979 salvo por un lapso de dos años (2007-09), primero con el PSOE y después con el PP, está siendo juzgado desde ayer, por presuntos delitos de prevaricación continuada y falsedad documental. Se enfrenta a 5 años de cárcel y a 14 de inhabilitación para empleo o cargo o público, más una multa de 6.480 euros. El regidor niega las ilegalidades, que la secretaria plasmó en varios informes de reparo y también en advertencias de ilegalidad verbales. "Nunca pensé que los reparos tuvieran tanta trascendencia. Me pesaba más la gente de Vilariño de Conso", declaró el regidor. Quería "favorecer", adujo, a los demandantes de empleo del ayuntamiento que lo "necesitaban", con problemas familiares o que no estaban cobrando nada del paro. "Nuestra misión es mantener población". Nunca levantó "por beneficio propio" los informes de fiscalización en contra, defendió. En su época trabajaron, incluso, familiares de los denunciantes -tres concejales de la oposición- e incluso ellos mismos, "en las mismas condiciones", manifestó el encausado.
Ventura Sierra se declara inocente. Entre 2012 y 2013 entraron a trabajar albañiles, peones, conductores o auxiliares de ayuda a domicilio, en 29 contrataciones temporales, pese a las restricciones legales impuestas por el Gobierno para mantener el déficit, y vulnerando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad al elegir a trabajadores para determinados contratos ajustándose a su criterio, según la Fiscalía. Hoy en día, el pequeño Ayuntamiento tiene 22 trabajadores entre contratados y fijos, con solo 2 funcionarios.
Ni bases ni anuncios
El ministerio público sostiene que Sierra eludió dar publicidad a los puestos de trabajo para evitar otros posibles candidatos. No había bases ni se publicó anuncio alguno en el tablón. Al regidor también se le imputa el delito de falsedad documental porque, según las acusaciones pública y popular, aparentó un proceso de selección para dar apariencia de legalidad, simulando que había entrevistado a las personas que figuraban en situación de desempleo, después de que el Concello enviara una oferta a la oficina de desempleo.
Varios trabajadores aseguraron ayer que no los entrevistaron pese a que figuraban, algunos con fecha. Otros se contradijeron con respecto a su declaración inicial en la Fiscalía. La defensa niega simulación alguna, atribuyéndolo a que ya habían trabajado con anterioridad en Vilariño. Uno de los testigos declaró que fue a hablar con el alcalde para pedir un trabajo. Fue contratado como conductor de motobomba poco después, desempeño en el que solo estuvo dos semanas. Le comentaron que como ya había gente trabajando "de la misma casa", de una misma familia, se lo ofrecieron a él. "¿Le pidió dinero o que lo votara?", interrogó la defensa. "No me pidió nada", manifestó el testigo.
La secretaria confirmó ayer, en la primera sesión del juicio en la Audiencia Provincial, que además de plasmar sus objeciones en informes de reparos, advirtió y explicó "varias veces" al alcalde que debía poner fin al sistema de contratación de trabajadores temporales, o habría "consecuencias legales" ante la ausencia de procedimiento. Sus informes por escrito dejaban claro que "no podía seguir así" porque no se respetaban los principios de igualdad, mérito y capacidad, existiendo además el riesgo de que varios temporales se convirtieran en personal indefinido si su vinculación llegaba a 24 meses en un periodo de 30. Así sucedió con varias trabajadoras de ayuda a domicilio. En algún caso, con una sola oferta se contrataba después a varias personas. Según la funcionaria, el alcalde veía justificadas las contrataciones y priorizaba dar empleo a vecinos de Vilariño. Según el regidor, las altas eran "urgentes" y consideraba como "servicios esenciales" dar cobertura a puestos como en ayuda a domicilio o extinción de incendios.
Los reparos fueron levantados por decreto del alcalde y la secretaria no objetó el pago de nóminas puesto que los servicios se habían prestado. "Pensé que no había problemas", adujo el regidor. Tres concejales de la oposición se enteraron de la oleada de contrataciones cuando los reparos llegaron a pleno, así como por preguntas de vecinos, extrañados por tantas altas sin que hubiera aviso. Decidieron llevar la documentación a la Fiscalía.
El alcalde, que respondió solo a preguntas del fiscal y la defensa, no a las de la acusación popular, sostiene que el proceder habitual era ponerse en contacto con la oficina local de empleo, que les daba un listado con "4 o 5" aspirantes. Entonces, la jefa de Servicios Sociales y él seleccionaban a la persona para cubrir el puesto de trabajo.
"El alcalde avisaba y vía"
Ventura Sierra asegura que se escogió a los candidatos que "reunían las condiciones" para el puesto,. Vilariño de Conso iba primero, para aspirantes en paro, que llevaban tiempo sin trabajo, o que tenían problemas familiares, dijo. Según Sierra, también se ofreció empleo a interesados de otros municipios si el currículo era mejor. Justifica tantas contrataciones pese a las leyes contra el déficit para no perder subvenciones.
En su declaración, uno de los denunciantes, aseguró que el alcalde "contrataba a dedo a la gente que quería, por amiguismo o favoritismo", y que no había ofertas en el tablón de empleo ni tampoco bases. El edil dijo que incluso él fue contratado "a dedo" en años anteriores. "El alcalde se encargada de avisar y vía".
La oposición llevó al pleno del Ayuntamiento, "en dos ocasiones", una propuesta de bases de contrataciones temporales, "para ser consensuadas" pero fueron rechazadas por la mayoría del PP, con el que Ventura Sierra gobierna desde principios de los noventa (en su primera etapa pertenecía al PSOE). Ahora continúa como independiente tras pedir la baja de militancia cuando se abrió el juicio oral.
La vista continúa esta mañana con la declaración de los testigos propuestos por la defensa. Cuando finalice la prueba, el fiscal, la acusación popular y la defensa presentarán sus conclusiones. Tres magistrados de la Audiencia Provincial dictarán sentencia.
