Llegó a varios medios de comunicación, a algunos particulares y también a la Policía. "Es realmente vergonzoso ver como año tras año se le conceden ayudas y subvenciones a empresas y asociaciones ficticias, cuyo único interés es llenarse los bolsillos a cuenta del resto. Estafadores y tramposos que defraudan miles de euros y que están protegidos por la propia administración pública". Así finalizaba un extenso anónimo, tras describir el presunto modus operandi de la red investigada por un supuesto fraude de 600.000 euros en cursos de formación que no siempre realizaban, tras conseguir ayudas públicas de varias administraciones. El escrito, que en correo electrónico adjuntaba documentación sobre contratos, vidas laborales, nóminas y certificados mercantiles, puso a la Policía sobre la pista en 2015. En ese año cerró el centro al que se denunciaba. "Todo estos hechos, aunque no disponemos de pruebas físicas, sí se pueden comprobar", decía el texto. Los investigadores de comisaría comparten las acusaciones tras sus pesquisas, observando presuntos delitos de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, estafa y cohecho. Son 17 las cajas de documentación que ya tiene en poder el juzgado.
El anónimo daba numerosos detalles, nombres -incluso DNI-, y describía las presuntas actuaciones ilícitas del centro de formación, cuya actividad era variada, desde la enseñanza de adultos, al apoyo escolar, recuperaciones, oposiciones, pruebas para el acceso a los cuerpos de seguridad del estado, así como la impartición de cursos de formación subvencionados por las administraciones. El escrito apócrifo también discutía la labor la asociación sin ánimo de lucro constituida como captadora de ofertas de empleo, que "sirve única y exclusivamente como medio para recibir dinero de subvenciones públicas (...) un mero negocio redondo".
La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la comisaría tiró del hilo. En 2016 remitieron un primer atestado al juzgado. A finales del año pasado, la sede de Instrucción 1, cuyo titular es el magistrado decano Leonardo Álvarez, decretó el secreto de actuaciones. El miércoles, la Policía Nacional detuvo a 5 personas. Tres quedaron en libertad en comisaría: A. G. B. (55), J. C.L. (63) y M. C.A. (69). Solo pasó a disposición judicial, el viernes, el matrimonio formado por el dueño del centro de formación, L. T. C. (60 años) y su mujer, M. C. P. A. (62), funcionaria jefa de sección de la Xunta. Antes en Traballo e Benestar -ahora en Economía aunque está de baja desde diciembre-, donde presuntamente usó su sello para dar validez a la documentación falsificada, desbloqueando el acceso a las subvenciones para los cursos de formación. Según el denunciante, "supervisa y compulsa prácticamente toda la documentación que la asociación y la academia presentan en las administraciones públicas: facturas falsas e infladas, recibos, cheques bancarios, contratos y memorias justificativas, que una vez realizada la actividad que se subvenciona hay que justificar".
La lista de siete implicados, por ahora -la operación sigue abierta- se completa con dos más que no fueron detenidos, pero están investigados. Uno es P. T. P. (25), hijo del matrimonio. El otro es José Luis Suárez Martínez (50), alcalde del PP en Monterrei -sucedió a su padre- que, en este caso, está imputado por presunto delito de cohecho como jefe de Recursos Humanos de la Diputación de Ourense. Baltar ha abierto una investigación interna para verificar si el fraude pudo afectar a la institución provincial.
Según la Policía el empresario "contactaba para introducir en dicho organismo a determinados alumnos, indicando varios que les había ofrecido una plaza en la Diputación, pagando determinadas cantidades de dinero (hasta 12.000 euros). Dos de estas personas y en compañía del primer detenido se reunieron con el citado contacto de la Diputación consiguiendo contrataciones temporales en la misma". Suárez, el supuesto contacto, lo negó en conversación con este periódico, anteayer. "Nunca hubo ninguna reunión ni por supuesto compras de plazas, que es algo muy fuerte". El funcionario solo admite que el empresario detenido de la academia acudía al Pazo provincial para interesarse por "fechas de exámenes de oposición". "Coincidí con él alguna vez, pero nada más".
El anónimo da el nombre de dos personas que supuestamente entraron a trabajar en la administración provincial de este modo y añade que "es vox populi" que opositores también lo hicieron para lograr plaza en ayuntamientos. Esa y otras presuntas irregularidades aparecían descritas en la denuncia sin nombre. También detallaba el presunto fraude en la contratación de alumnos, la elaboración de supuestas facturas falsas, o la supuesta falsificación de datos para llegar al mínimo de alumnos exigido en cursos subvencionados. La Policía calcula que las subvenciones obtenidas irregularmente suman 506.000 euros, mientras que la deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social por altas y pagos de nóminas ficticios es de 96.000.
De la denuncia al atestado policial. Ahora decidirá el rumbo el magistrado del caso. Entre otras decisiones, como estudiar si algún hecho ha prescrito -el fraude descubierto corresponde a un periodo de 10 años, entre 2005 y 2015-, Leonardo Álvarez valorará si llama a declarar en calidad de investigado al jefe de Personal de la Diputación. El jueves acudió a comisaría tras ser citado por la Policía Judicial en su oficina, con un oficio que lo define como investigado por coche. Acudió a la sede policial pero no llegó a declarar porque su abogado estaba en Madrid.
