Un presunto fraude de 600.000 euros en cursos de formación de una academia de Ourense -lleva cerrada 2 años-, 5 detenciones, 2 investigados, 17 cajas de documentación como prueba y alusiones sobre una supuesta compra de plazas en la Diputación de Ourense, pagando hasta 12.000 euros por puesto, presuntamente. El juez de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, lleva desde finales del año pasado una operación que permaneció bajo secreto hasta ayer. Dos de los detenidos, el dueño del centro de formación, L. T. C. (60 años) y su mujer, C. P. A. (62), funcionaria jefa de sección de la Xunta, son los únicos que pasaron a disposición del magistrado. Ambos se acogieron ayer a su derecho a no declarar. Quedaron en libertad provisional. A. G. B. (55), J. C.L. (63). M. C.A. (69) así como P. T. P. (25), hijo del matrimonio, ya habían sido liberados en la comisaría (los tres primeros, como detenidos).
Entre los investigados se encuentra además el alcalde del PP en Monterrei y jefe del servicio de Recursos Humanos de la Diputación de Ourense, José Luis Suárez Martínez (50 años), a quien se le atribuye un presunto delito de cohecho. La Policía Judicial lo citó en el Pazo provincial el jueves, instándolo a presentarse a las 5 en comisaría. El funcionario no declaró porque su abogado estaba en Madrid. Los policías lo dejaron marchar. El instructor decidirá ahora si lo cita a declarar como investigado en sede judicial. el presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, ordenó ayer una investigación interna para verificar si existieron irregularidades. La oposición se lo había exigido, coincidiendo ayer con el pleno ordinario de la institución provincial.
La Policía Nacional asegura que el dueño de la academia tenía a Suárez como "contacto" en la Diputación de Ourense, según varias declaraciones recabadas por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV). Presuntamente, el empresario "contactaba para introducir en dicho organismo a determinados alumnos, indicando varios que les había ofrecido una plaza en la Diputación, pagando determinadas cantidades de dinero (hasta 12.000 euros). Dos de estas personas y en compañía del primer detenido se reunieron con el citado contacto de la Diputación consiguiendo contrataciones temporales en la misma", tal y como asegura la Policía Nacional.
El aludido funcionario lo niega. "Nunca hubo ninguna reunión ni por supuesto compras de plazas, que es algo muy fuerte". El responsable de personal en la Diputación muestra su "tranquilidad más absoluta" ante su imputación por presunto cohecho y ante la investigación interna que Baltar ha abierto para depurar responsabilidades. "Me parece bien, me la comunicó por teléfono a última hora de hoy [por ayer]; mi colaboración es máxima". Suárez asegura que "no hay nada de nada" pese a las sospechas policiales. Admite que el empresario detenido de la academia acudía al Pazo provincial para interesarse por "fechas de exámenes de oposición". Según la versión del funcionario en conversación con FARO, "coincidí con él alguna vez, pero nada más".
José Luis Suárez no es el único funcionario investigado en este caso. La mujer del empresario, C. P. A., ejercía en la delegación territorial de la consellería de Traballo e Benestar -ahora está en Economía- . Se encuentra de baja desde el pasado diciembre.
El presunto fraude del centro de formación afectaría a un periodo de 10 años, entre 2005 y 2015. La academia obtuvo presuntamente ayudas públicas de Diputación, Xunta, Concello y fondos europeos, por cursos que no siempre realizaba y con contrataciones fraudulentas de diversos trabajadores. La Policía Nacional calcula que las subvenciones obtenidas irregularmente suman 506.000 euros, mientras que la deuda con la Seguridad Social por altas y pagos de nóminas ficticios es de 96.000. La operación sigue abierta.
La comisaría ha visto indicios de presuntos delitos de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, estafa y cohecho. Se inicia la investigación en 2015 a partir de una denuncia recibida por la Policía que destapa una trama ideada por el responsable del centro de estudios. Al parecer, obtenían las ayudas públicas mediante múltiples falsedades. Según la Policía, participaba activamente la mujer del principal investigado, con una jefatura de sección en la Xunta y dispone de un sello de compulsa personal. Con el mismo daba presuntamente validez a la documentación falsificada, desbloqueando el acceso a las subvenciones para los cursos de formación.
La trama usó presuntamente una asociación sin ánimo de lucro, mantenida con actividad ficticia entre 2005 y 2015. La investigación acredita que se falsificaron actas y firmas, incluyendo en su funcionamiento a personas que lo desconocían. La sociedad nunca tuvo actividad y su único fin era lograr ingresos públicos.
Facturas falsificadas
El procedimiento de estas subvenciones exige la justificación de los gastos vinculados al desarrollo de los cursos. Los investigados habrían aportado facturas falsificadas de adquisición de material didáctico y formativo "con cantidades desmesuradas". Igualmente, copias de documentos bancarios con supuestas transferencias a empresas así como a docentes y empleados, las cuales son ficticias no suponiendo movimiento alguno de efectivo, según la Policía.
Varias empresas suministradoras de material elaboraron facturas falsas con cantidades elevadas y que no se correspondían "ni lejanamente" -según manifestaron tanto los trabajadores del centro como los alumnos-, con el material efectivamente recibido y disponible.
Del mismo modo, también se falsificarían facturas de pago de alquiler de locales y de gastos de asesoramiento que no existen. Los investigadores destaparon además contrataciones fraudulentas de alumnos tras finalizar los cursos realizados, los cuales no acudían a trabajar al centro, sino que únicamente firmaban los contratos y las nóminas que se precisaban para aportar en las justificaciones, no llegando a pagarse los seguros sociales. En algunos casos, algunos de los alumnos ni siquiera tenían conocimiento de figurar en los cursos ni como contratados.
Para dar veracidad a toda la documentación fraudulenta se ocuparía presuntamente de la compulsa de las fotocopias, en la mayor parte de los casos, la propia mujer del investigado, que disponía de un sello propio y personalizado para hacer compulsas. Para dificultar el control de los movimientos bancarios realizados a nombre de la asociación ficticia el matrimonio abrió presuntamente y dio de baja numerosas cuentas en distintos bancos.
