20 de abril de 2017
20.04.2017

Juicio al exdelegado de la Xunta once años después por presunto fraude en subvenciones de la UE

El juez descarta el delito de prevaricación

19.04.2017 | 22:45

El caso contra Rogelio Martínez (PP) por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude en subvenciones de la Unión Europea (UE) cuando era alcalde de Arnoia, es la crónica de más de una década de retrasos; un paradigma de la justicia que se eterniza. Once años después, ya ni siquiera sigue personado en la causa el denunciante, el BNG. La Fiscalía no acusa pero una asociación vinculada al PSOE es el único impulso para que el exdelegado territorial de la Xunta se siente en el banquillo de acusados de la Audiencia Provincial, con bastante probabilidad este mismo año (aunque quién puede asegurarlo, a la vista de los plazos de este caso). El juzgado de instrucción Número 1 de Ribadavia dicta auto de apertura de juicio oral -una resolución firme-, 3 años y medio después de que se diera por finalizada la fase de instrucción.

El caso implica a Rogelio Martínez -al que Feijóo cesó hace dos años- y a nueve personas más imputadas por la presunta comisión de varios delitos en el uso de subvenciones comunitarias destinadas a unos proyectos que no llegaron a ejecutarse. La apertura de juicio oral descarta la acusación contra Rogelio Martínez por un delito continuado de prevaricación.

Los hechos se remontan a 1999, a raíz de la presentación de un proyecto de construcción de una planta de biomasa en Arnoia al amparo del Plan Leader II, en el que era alcalde en ese momento, por un importe de 13 millones de pesetas (78.131,57 euros). No llegó a ejecutarse, sino que se rehabilitó un galpón ya construido. La acusación considera que Martínez, que presidía la sociedad gestora de los fondos europeos, era conocedor de que los promotores no cumplían los requisitos para acceder a las ayudas y no habían destinado los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.

La denominada "Asociación para o Progreso do Ribeiro" subrayó ayer los "numerosos atascos para que estos hechos sean juzgados", cuando se trata de delitos que "deberían perseguir de oficio la Fiscalía y las instancias públicas". Piden penas de prisión y multas.

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