La familia vivió un sufrimiento añadido al ver la actitud desafiante y altiva de los asesinos, al soportar sus risas durante el juicio celebrado en junio de 2006. La madre y la hermana de Miguel Ángel Blanco, Consuelo Garrido y Mari Mar, terminaron expulsadas de la sala por aplaudir cuando el fiscal finalizó su informe en el que reclamaba la máxima pena para los acusados, Francisco Javier García Gaztelu, alias "Txapote", e Irantzu Gallastegi , "Amaia". Casi 20 años después de un secuestro y una vil ejecución que conmocionaron a España -millones de personas salieron a la calle redoblando la presión contra ETA-, el verdugo podría disfrutar de su primer permiso para ver a su padre mayor y enfermo. La familia ourensana del concejal de Ermua lo lamenta. "No se merece ningún beneficio, si dependiera de mí no saldría. No me parece normal que le den permisos a una persona que tiene que estar en la cárcel, que hizo lo que hizo", cuenta a FARO la progenitora, Consuelo Garrido. "Txapote", uno de los más sanguinarios de ETA, suma más de 450 años de prisión por sus crímenes de sangre. Mató a Miguel Ángel Blanco y también es el asesino de Fernando Buesa y su escolta, Jorge Diez Elorza; Fernando Mújica; Gregorio Ordóñez; José Luis López de Lacalle; y dos guardias civiles asesinados en Sallent de Gállego (Huesca).
Tras denegarlo en un auto suyo de enero, el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, accede ahora a que el que fuera jefe militar de ETA (1996-2001), y miembro del "Comando Donosti", disfrute de su primer permiso, aunque en circunstancias muy limitadas y de carácter "extraordinario": durante el tiempo "imprescindible" para visitar a su padre, de 88 años, y bajo custodia permanente. El juez admite un recurso del preso y tiene en cuenta un informe forense del Instituto de Medicina Legal (Imelga), que acredita "la dificultad de movilidad del progenitor" por su "avanzada edad".
La decisión, contraria al criterio del fiscal y de la junta de tratamiento de la prisión de Huelva -donde "Txapote", de 50 años, cumple condena-, no es firme y aún debe ser refrendada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pues cabe recurso de apelación. Consuelo contactó ayer con su hija Mari Mar, diputada del PP en el Congreso y presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que le corroboró que la decisión del juez " está por confirmar" por la Audiencia, pero "es difícil que no salga". La Fiscalía presentará apelación.
Ante el escenario posible, la familia ourensana del concejal del PP en Ermua -asesinado a los 29 años-, se manifiesta en contra del permiso. "El padre será mayor, pero todavía lo tiene, cuando se muera -yo no le deseo la muerte a nadie-, también le darán un permiso para ir al entierro. A mí no me parece normal. Mi hijo también tiene a sus padres mayores pero por culpa de él no puede venir a vernos. Su padre puede coger un avión e ir a visitarlo, pero mi hijo no puede venir a vernos. Solo lo veo en el cementerio", lamenta Consuelo.
El 10 de julio de 1997, el edil de 29 años del PP en Ermua fue secuestrado por tres miembros de ETA, que exigieron el acercamiento de los presos de la organización terrorista a las cárceles del País Vasco a cambio de su liberación. La banda dio 48 horas de plazo. Ante la negativa del Gobierno central, la tarde del día 12, Miguel Ángel Blanco fue tiroteado en un descampado. Llegó al hospital pero murió en la madrugada del día 13. "Para mí no han pasado 20 años del asesinato, cada día aún sigo esperando a que mi hijo venga a casa, me sigue pareciendo imposible que no vaya a volver".
La familia de Miguel Ángel Blanco pone el foco en el hecho de que el verdugo de su hijo no haya mostrado arrepentimiento, a diferencia de otros presos de ETA. "Todavía manteníamos la esperanza de que pidiera perdón cuando nos viera en el juicio, pero en ningún momento".
Detenido en Francia en 2001, el jefe terrorista acumula penas que superan los 450 años de prisión. Fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por El País aseguraban ayer que no es la primera vez que se concede un permiso extraordinario como este a reclusos etarras en primer grado. "Tienen que traerlo desde la prisión de Huelva a la de Bilbao, llevarlo a ver el padre y devolverlo a su prisión. ¿El dinero que pagamos todos los españoles tiene que ser para esto?", critica la progenitora.
La decisión del juez de vigilancia penitenciaria, pendiente de ser revisada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se produce a pocos días del desarme unilateral e incondicional anunciado por ETA para el 8 de abril. "El único final posible es pedir perdón, cumplir las condenas y entregar las armas, pero no tengo claro que vayan a entregar todas y además no se han arrepentido", opina la madre de Miguel Ángel Blanco, cuyo asesinato infame encogió el corazón a todo el país hace 20 años.
