La brigada provincial de Extranjería y Fronteras de Ourense es la encargada de ejecutar las órdenes de expulsión dictadas por la Subdelegación del Gobierno. Desde 2013 se contabilizan un total de 105 expulsiones, de las que 20 (una de cada cuatro) son de ciudadanos dominicanos. Estas resoluciones no se sustentan únicamente en la estancia irregular de esa persona, sino que tienen en cuenta también el historial policial y/o judicial. En otros casos es determinante también que el ciudadano haya sido condenado a penas de prisión, o que provenga de centros penitenciarios dominicanos. De hecho, 16 de los 20 expulsados tienen varios antecedentes policiales o judiciales.

Estas resoluciones de expulsión son ejecutadas por la brigada de Extranjería y Fronteras ante la negativa de estos ciudadanos a abandonar el territorio nacional de forma voluntaria. En algunas ocasiones es "necesario" solicitar el internamiento de estas personas en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y en algunos casos esto conlleva enviar escolta policial hasta el país de origen, "con el coste que implica a los contribuyentes", apunta la Comisaría, que recuerda que la medida de expulsión es una acción sancionadora de ejecución inmediata desde el momento en que se dicta. Está amparada por los juzgados de instrucción y contencioso-administrativo y contra ella cabe recurso.