El caso de ayuda a domicilio fue el primero que puso en jaque al anterior gobierno socialista, además de la operación Pokemon, que derrocó a un alcalde. En las diligencias instruidas en el juzgado Número 2 de Ourense -primero por Antonio Piña; después por Luis Doval tras el ascenso del primero a presidente de la Audiencia Provincial- se investigan presuntas irregularidades en el pago de facturas de la época, entre 2007 y 2011, cuando gestionaba la adjudicación la UTE Troncoso Saludges, cuyos dos socios siguen investigados. Más de 4 años después, el juez citó a declarar en la misma calidad a Francisco Rodríguez, regidor de la ciudad desde 2007 a 2012 (se vio obligado a dimitir por la Pokemon). El exalcalde se mostró "tranquilo" tras prestar declaración ayer. Defiende que su actuación fue correcta y basada en los intereses generales.
El fiscal jefe, Florentino Delgado, pidió su citación para que aclarase por qué se mantuvo la relación del Concello de Ourense con la empresa, durante casi un año. A petición de la empresa, a la que ya no le compensaba el servicio económicamente, una junta de gobierno local resolvió el contrato en diciembre de 2010 y puso en marcha la nueva contratación. En enero de 2011, una sentencia del TSXG anuló la concesión pero esta ya estaba resuelta.
El interventor formuló reparos porque se siguió abonando a la adjudicataria tras la resolución del contrato. El funcionario no empezó a hacer objeciones hasta 3 o 4 meses más tarde. Rodríguez obró así, siguiendo el aval de los técnicos, para garantizar pagos a un servicio para más de 1.000 usuarios de un colectivo "muy sensible, personas mayores y con discapacitados". No asumir las facturas entrañaba el riesgo de que la asistencia en el hogar se quedara sin prestar y que la empresa suspendiera pagos . "Los reparos son una potestad del alcalde y ha de hacerse para evitar un enriquecimiento ilícito", declaró a la prensa. Tanto los técnicos como la edil del área (Marga Martín, investigada en la causa desde el principio) validaron que el servicio se había prestado y procedía pagar, subrayó el exalcalde.
¿Por qué se mantuvo la prestación en precario tanto tiempo? La demora en la tramitación de los pliegos hasta una nueva adjudicación también alargó el tiempo en el que la contrata permaneció en precario. Recordó que una empresa presentó alegaciones a mitad del procedimiento, retrasándalo, y además recurrió a la actualidad para citar que el actual gobierno del PP recibió el año pasado reparos por importe de 10 millones. Varias facturas, también de ayuda en el hogar. , interrogó el magistrado.
Ante el juez, Rodríguez negó conocer irregularidad alguna en las facturas -cree que todos los servicios se prestaban, "porque si no hubieran hecho alguna objeción los técnicos"-, así como cualquier supuesto tráfico de influencias, asegurando que si se hubiera querido favorecer a la siguiente empresa -en ese proceso concurrieron por separado los socios investigados, y fue elegida la opción en la que estaba uno de ellos-, se hubiera apurado el proceso para beneficiarlo.
El exalcalde recordó que no formaba parte de ninguna mesa de contratación, ni de la que adjudicó en 2007 a Troncoso Saludges ni la de 2011. Él tenía delegadas las f unciones y fue la junta de gobierno la que resolvió el contrato. El exregidor asegura que no pidió a la UTE la contratación de conocidos. Según manifestó, el nivel de satisfacción de los usuarios era "bueno".
"La justicia es así"
El anterior alcalde considera que "no es habitual" su citación a estas alturas, en un caso iniciado en 2012 -el juez considera que hay indicios de delito-, "pero la justicia es así y lo que nos queda cuando nos reclaman es venir y contestar con sinceridad lo que nos preguntan", dijo. El exregidor transmitió al magistrado respuestas "creíbles, coherentes y demostrables".
Francisco Rodríguez salió absuelto en Ourense de una derivada de la operación Pokemon, pero continúa como investigado en la causa principal de la juez de Lugo Pilar de Lara, entre otras decenas de personas. Fue detenido en septiembre de 2012 y aquella operación lo obligó a dejar el cargo cuando gobernaba con holgada mayoría. Además, el exregidor se sentará en el banquillo de los acusados en octubre, junto a otros cinco expolíticos del PSOE y BNG, en el llamado caso de las asistencias técnicas, otro de los asuntos judicializados contra el anterior ejecutivo municipal.
El fiscal y DO no asistieron
En el caso de la ayuda a domicilio permanecen como investigados el propio exregidor, así como la exconcejala Marga Martín. Llegaron a extenderse las sospechas contra varios funcionarios, pero ahora solo hay una trabajadora del Concello imputada. También continúan los dos empresarios que constituían la sociedad y que sacaron sus diferencias en el procedimiento. El primer instructor planeaba cerrar la causa en 2013, pero las diligencias siguieron adelante. En un primer auto se apuntaron a posibles delitos de estafa y malversación por supuestos servicios a domicilio facturados pero que presuntamente nunca llegaron a prestarse. DO llevó el asunto al juzgado tras detectar dos supuestas facturas falsas. El abogado del partido no asistió al acto de ayer. El fiscal, que pidió la imputación de Francisco Rodríguez, tampoco.
