Lo que también explicó en su comparecencia Cudeiro, y que adelantó FARO en su edición del lunes, son las consecuencias de producirse la anulación definitiva del Plan Especial de As Burgas. Una de ellas hace referencia a que la ordenación vigente será la prevista para ese suelo urbano consolidado por el PXOM de 1986, afectado por la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de 2007. Así, los actos de gestión llevados a cabo, como la expropiación de los terrenos afectados pendientes de recursos, igualmente serán anulados, por lo que habrá que negociar con sus propietarios la devolución de los terrenos expropiados o la correspondiente compensación económica.

Y como consecuencia de la vigente declaración de BIC de este ámbito, mientras no se redacte un nuevo plan especial de protección, obligado por la legislación de Patrimonio Cultural, cualquier nueva actuación que se pretenda llevar a cabo dentro de la delimitación del BIC implicará que se debe obtener la previa autorización de Patrimonio de la Xunta, lo que sin duda "impedirá cualquier actuación que choque frontalmente contra esa protección".

En cuanto al proyecto aprobado para la reforma-rehabilitación del edificio de la plaza de abastos aclara que "es un proyecto autónomo no impugnado, que se encuentra en la zona calificada por el vigente PXOM de 1986 como equipamiento público, permitido por este planeamiento y que pode seguir adelante su ejecución".

El resto de las previsiones urbanísticas previstas en el Plan Especial y Estudio de Detalle, de un conjunto de edificaciones con un uso terciario termal, al anularse el plan que las amparaba quedan sin cobertura y no se podrán realizar. Aunque en lo que respeta a la antigua cárcel, al ser una zona calificada también como equipamiento por el actual PXOM de 1986, previa autorización de Patrimonio de la Xunta, podría desarrollar cualquier proyecto de equipamiento, pero de titularidad pública.