Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestima el recurso de reclamación de responsabilidad patrimonial presentado por una empresa por presuntos daños y perjuicios ocasionados por la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 2003, y que fijaba en 644.161 euros. Una resolución judicial contra la que cabe recurso de casación, que daba a conocer el alcalde Jesús Vázquez durante su comparecencia para dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en su reunión de ayer.
Sobre esta cuestión el regidor puso de manifiesto que se trata de una "muy buena noticia", aunque advierte de que la resolución judicial no es firme, y que contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y recordar las reclamaciones patrimoniales que a través de la vía judicial se formalizaron por la anulación del planeamiento urbanístico aprobado en 2003, y cuya cuantía económica se había estimado inicialmente por parte del anterior gobierno municipal en unos 100 millones de euros, aunque las diferentes sentencias están siendo favorables a los intereses del concello.
En este caso concreto la reclamación que se realizó afecta al área de reparto AR-24-O, que se encuentra en la zona del Polvorín y Mariñamansa, en las que el plan urbanístico anulado contemplaba unas condiciones de edificabilidad que dejaron de tener la correspondiente cobertura legal, al pasar a la ordenación urbanística aprobada en 1986, y sin que fuese incluida en la provisional que aprobó la Xunta y que también fue anulada por el TSXG, aunque está recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Proceso de aprovechamiento
En las sentencias emitidas hasta estos momentos por parte del alto tribunal gallego el argumento principal para desestimar las reclamaciones patrimoniales de las empresas y particulares es que no se había llevado a cabo el procedimiento para el aprovechamiento en esas zonas que contemplaba el PXOM de 2003.
Unos trámites que, como advierte el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, contemplan el proyecto de compensación o el de urbanización, que no se habían formalizado, por lo que el alto tribunal desestima la reclamación, toda vez que dispusieron de un período de tiempo, entre 5 o 6 años, antes de que se anulase definitivamente el PXOM de 2003, para poder llevar a cabo todo el procedimiento.
De ahí que, por parte del gobierno municipal se espera que todas las sentencias que están pendientes sigan esa misma línea y que no se produzca un cambio de criterio, ya que es la misma sala del TSXG.
Además de que con los datos de que disponen, por parte del Concello no se tiene conocimiento de que se recurriese en casación, ya que como en la última resolución que se produjo se le impone las costas a los recurrentes, con lo que el procedimiento en el alto tribunal llevaría consigo un importante coste económico.
Por lo de pronto, tanto el alcalde como el edil de Urbanismo inciden en la relevancia que tienen estas sentencias para las arcas municipales, ya que en algunos la petición de reclamación patrimonial oscilaba en torno a los 20 y 15 millones de euros, y todas relacionadas con los aprovechamientos urbanísticos que contemplaba el PXOM de 2003 en diferentes zonas, que no se desarrollaron antes de que se produjese la anulación definitiva.
En algunos casos, esos aprovechamientos figuran en el documento del nuevo planeamiento urbanístico aprobado inicialmente en el anterior mandato, pero que a día de hoy sigue "bloqueado" ante la falta de acuerdo entre el gobierno y los grupos de la oposición.
