El fiscal mantuvo ayer la petición de dos años y siete meses de prisión para una mujer acusada de manipular documentos bancarios para simular el pago de varias cuotas de un préstamo e incorporarlos a su vez a la contestación de una demanda. De esta forma, dice la acusación, "trataría de buscar el error en el órgano judicial que tenía que resolver la cuestión". La defensa, por su parte, alegó "múltiples irregularidades" en la gestión del préstamo "no atribuibles" a la beneficiaria.

La investigada, T.M.B., se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Ourense, y negó los hechos relatados por el fiscal, que la acusa de falsedad en documento mercantil y estafa procesal.

La causa parte de una reclamación realizada por el Banco Santander en 2010 que implicó también a la exparlamentaria socialista Carmen Acuña. En este caso, la investigación sobre su presunta participación como avalista del préstamo se trasladó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dada su condición de aforada cuando se inició el procedimiento. No obstante, en un auto dictado el 28 de enero de 2016 el alto tribunal gallego concluyó que no existían "claros indicios incriminatorios" que acreditasen la participación de la entonces diputada socialista en la supuesta falsificación e interesó el archivo de las actuaciones. Acuña, exculpada del proceso, estaba citada ayer como testigo en el juicio seguido contra T.M.B..

El fiscal sostuvo que la acusada "era conocedora" de que el Banco Santander le había reclamado tanto a ella como a su avalista, una cantidad en el procedimiento de juicio ordinario que se seguía ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de O Barco. Entonces, indicó el fiscal, "con intención de enriquecerse injustificadamente, y de perjudicar al banco, manipuló unos documentos simulando el pago de unas cuotas". Este procedimiento civil, según recoge el escrito de acusación, quedó en suspenso a petición de las partes para intentar llegar a un acuerdo.

La acusada negó la manipulación de los documentos y la presunta estafa e hizo uso del último turno de palabra, al final de la vista, para reiterar su inocencia. En sus conclusiones, la defensa alegó falta de concreción en la acusación que, entre otras cuestiones, no precisó la cantidad presuntamente estafada, y solicitó la libre absolución. El letrado censuró que no se detallase en la acusación "qué documentos ni qué importes" fueron falsificados o estafados. Como ejemplo del "batiburrillo" de "defectos acumulados" durante la gestión del préstamo ajenos a su clienta, explica el letrado, señala que los dos "recibos supuestamente alterados son originales con compulsa oficial".