Encapuchados, gallegohablantes y muy violentos. Sus víctimas propicias son personas de avanzada edad. Poca resistencia pueden ofrecer pero los delincuentes no se conforman con asaltar la intimidad y perpetrar un robo: además golpean y doblegan. La Guardia Civil sospecha que el grupo que atracó el sábado por la noche a tres hermanas ancianas en su casa de la aldea de Güín (Bande), por un botín de solo 200 euros, es el mismo que robó con violencia en la vivienda de un matrimonio de mayores en la parroquia de Rial (Allariz) a mediados de enero, cuando fue asaltado a golpes un tratante de ganado por un beneficio de 3.500 euros y una escopeta. Un segundo caso similar en pocas semanas, sumado a una tentativa en Taboadela hace unos día, de nuevo por parte de encapuchados, remarca la preocupación en el rural por un fenómeno delictivo que causa alarma y apunta a un grupo en plena actividad en Ourense. Alcaldes de varios concellos muestran su preocupación, reclaman más vigilancia y dirigen los recursos municipales a su alcance, como la ayuda o domicilio o el servicio de Protección Civil, a prevenir a los vecinos y detectar aquellos residentes y casas aisladas más vulnerables. La Subdelegación del Gobierno se confiesa "preocupada" pero asegura que existe una "dedicación exhaustiva" para resolver los recientes atracos, entre los que no descarta conexión.
En la provincia de Ourense el 30% de los habitantes tiene más de 65 años (más de 96.000 según el último padrón). Unos 31.100 residentes viven solos, de los que 18.750 están en edad de jubilación. A la despoblación y envejecimiento se añade otro factor: la dispersión de casas y el alto número de núcleos de población (más de 2.600 aldeas en toda la provincia). "Hay preocupación y miedo. Durante la semana en las aldeas mayoritariamente solo queda gente mayor, una población especialmente vulnerable. Las medidas actuales no son suficiente; hay que dotar de más medios a la Guardia Civil para que pueda hacer más patrullas. A todo el mundo se llena la boca con frenar la despoblación del rural, ¿pero dónde están los medios? La desprotección va en detrimento de que la gente se quede en los pueblos", afirma Plácido Álvarez (PP), alcalde de Muiños (1.622 vecinos) y portavoz del gobierno en la Diputación.
Muiños sufrió hace meses una oleada de robos. La banda fue detenida y la tranquilidad relativa regresó al municipio. La guardia no puede relajarse. El ayuntamiento aprovecha las visitas diarias del personal de ayuda a domicilio -11 trabajadoras contratadas- y del comedor sobre ruedas para detectar las necesidades y vulnerabilidades de los vecinos, con el foco puesto en los mayores que viven solos. "A través de estas auxiliares recomendamos que no abran la puerta a nadie, que no se dejen engañar por falsos inspectores a domicilio o que venden por teléfono. Es triste decirlo pero les pedimos que desconfíen de todo", dice Álvarez.
En Maceda, un concello de montaña de 2.957 vecinos -a media hora en coche, pertenece al partido judicial de la capital-, hay un total de 56 núcleos de población. Desde hace semanas, voluntarios de Protección Civil recorren las aldeas por las tardes para informar a los vecinos de que, en caso de cualquier percance (sea un robo o una emergencia médica), llamen al 112. Los residentes reciben un folleto. La Policía Local de Maceda, que solo tiene 2 efectivos, ha intensificado patrullas por los pueblos, incluidos algunos servicios de noche, según el alcalde Rubén Quintas (PP). "Los vecinos están informados y saben que deben tener precaución".
Bande (1.735 vecinos), el concello del último atraco en el rural, ya puso en práctica medidas para prevenir delitos entre sus vecinos. En junio de 2015, el alcalde José Antonio Armada (PP) previno por bando a los habitantes de un fenómeno delictivo entonces al alza, los hurtos "mediante el sistema del abrazo cariñoso o de agradecimiento" por parte de "ciudadanos rumanos principalmente". El colectivo más vulnerable, el habitual: "mayoritariamente en poblaciones rurales, aprovechando la buena fe de los ciudadanos de estos núcleos". Ahora Armada expresa su "inquietud y preocupación" por el último suceso. "El Ministerio del Interior y, aquí, la Subdelegación del Gobierno son los órganos que deben tomar medidas y estoy seguro de que lo harán. En el rural es mucho el territorio a abarcar pero tenemos que transmitir seguridad, no puede haber excusas", señala el alcalde.
Desde Castrelo do Val (1.079 habitantes), el regidor Vicente Gómez (PSOE) cree que "la solución no es fácil; aunque es necesario vigilancia y precaución". En su concello los últimos robos en casas coincidieron con los dueños trabajando fuera. "Con las viviendas aisladas y pocos vecinos el riesgo es mayor. Hay pueblos en los que ya no se ve a nadie a partir de las siete de la tarde", retrata.
