El grupo socialista en la Diputación de Ourense presentó el pasado viernes el recurso de apelación contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad que acordó el sobreseimiento provisional del caso depuradoras. El portavoz del grupo, Francisco Fraga, anunció esta mañana que la acusación particular seguirá reclamando que se investiguen los contratos de los planes Daredo y Deputrans que dieron lugar a la instalación de más de un centenar de depuradoras compactas en el rural ourensano entre 2003 y 2004. Sostiene que "no se entró en el fondo del asunto ni se practicaron todas las pruebas que nosotros propusimos" y recordó que "hay un informe de la OLAF, muy duro, que habla de la existencia de graves irregularidades en los dos planes, tanto para la contratación de las depuradoras como para su instalación".

Entre las diligencias que no se practicaron, está la declaración del exvicepresidente de la Diputación, Rogelio Martínez. En el recurso presentado por los socialistas se aclara que este testimonio que no llegó a producirse fue solicitado el 24 de octubre de 2016 a partir de la declaración del expresidente provincial, José Luis Baltar, de la cual "se deriva que Martínez tenía pleno conocimiento de esta materia y era el competente". Los socialistas presentaron esta mañana el recurso y afirmaron que no se van a quedar "de brazos cruzados". Quieren que se mantenga abierta la investigación y se aclaren "las responsabilidades políticas" del contrato cuestionado por la OLAF y el propio Ministerio de Hacienda que, a raíz del informe de la oficina europea antifraude tuvo que devolver los 10,1 millones de euros subvencionados por los planes comunitarios. Posteriormente reclamó el reintegro de dichos fondos a la Diputación provincial pero la justicia declaró prescrito el expediente.