La causa por presuntos delitos de acoso sexual, tráfico de influencias y cohecho abierta hace un año contra el presidente de la Diputación y el PP de Ourense, José Manuel Baltar, cambia de manos. La juez de Instrucción 3, Eva Armesto, que guio la investigación desde entonces, se ha apartado hasta que se resuelva el incidente de recusación planteado por el político; una acción a la que se adhirió el padre y predecesor. El caso no se paraliza: las diligencias 4714 /2015 pasan al sustituto legal, el responsable de Instrucción 2, Luis Doval. El letrado de Baltar hijo ya ha aprovechado para reiterar al nuevo juez la solicitud de archivo.

En una diligencia de ordenación de fecha 27 de diciembre, la secretaria de Instrucción 3, remite el incidente al sustituto legal así como a la Audiencia Provincial, que es la instancia que deberá resolver si hay causa legal de recusación. La juez la niega.

El presidente y su predecesor son los únicos que promueven apartar a la juez definitivamente del proceso. El otro investigado, el jefe de Personal de la Diputación y alcalde del PP en Monterrei, José Luis Suárez, no se expresó ni en adhesión ni rechazando causa. Sí lo hizo la Fiscalía. De hecho, es la primera vez que discrepa con la línea argumental de la defensa de Baltar. Tras haber archivado su investigación previa, solicitado el sobreseimiento en la causa abierta en Instrucción 3, y planteado además la prescripción, el fiscal jefe discrepa del letrado del presidente en la supuesta "enemistad" de la juez contra el político. Florentino Delgado asegura que no existe, "más allá de la valoración del trabajo instructor, sobre el que cada parte del procedimiento puede tener su criterio y adjetivación", sin que por ello constituya una de las causas legales de recusación. Las otras dos acusaciones, la particular de la denunciante-investigada y popular de Democracia Ourensana, también se han mostrado en contra de la recusación. El abogado de T. F. C. pidió corregir el punto en el que el representante de Baltar hijo acusó a la magistrada de "confabulación" con la denunciante.

La defensa del presidente del PP y la Diputación, el letrado de Madrid Juan Ramón Montero Estévez, abrió el debate. Cuestión "una enemistad o interés en contra de los intereses que represento". Las resoluciones de la magistrada -dijo-, "solo se explican por un interés que no alcanza a entender esta parte, por la trascendencia pública de la causa, una animosidad hacia mi representado y su padre o la formación política a la que pertenecen, o por cuestiones ideológicas o personales; o bien todas ellas, excediendo en todo caso la imparcialidad e independencia que corresponde".

Montero la acusa de "mantener abierta una causa inconsistente, con la consiguiente difusión y perjuicio para mi representado, tanto en su ámbito personal como en el político", hasta "buscar la criminalización de su conducta más allá de cualquier fundamento razonable". Luis Romero, el letrado de José Luis Baltar, se adhirió argumentando "una pérdida de la apariencia de imparcialidad objetiva". Entre otras razones, por el hecho de que "asumió funciones que sólo incumbían a una de las partes, subsanando de oficio y sin que la parte interesada lo hubiera pedido, la defectuosa personación de la acusación popular, ejercida por el partido político Democracia Ourensana".