La Sala no ve indicios de delito en la querella de Áurea Soto pero pone en valor la labor que llevó a cabo la exedil para evitar, con el informe del letrado, la amenaza de derribo sobre la Plaza San Antonio, edificada cuando gobernaba el PP. Se legalizó con amparo al PXOM 2003, que aún estaba vigente. "Es incontestable que cuando la hoy querellante comienza a desarrollar su labor en el Concello de Ourense, se encontró con un problema derivado de la situación urbanística y administrativa. Parece evidente que la actuación de la señora Soto fue dirigida a solucionar las graves consecuencias de una situación irregular cuya génesis le era por completo ajena, pero de la que derivaban importantes consecuencias para los ciudadanos adquirientes de los inmuebles y para el propio Concello. No se aprecia ningún propósito espurio sino lo contrario, evitar las consecuencias lesivas que de un muy cuestionable proceder municipal previo se habían derivado".
