La notificación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al Concello para el cumplimiento de la sentencia que ordena el derribo de 90 viviendas en tres inmuebles de la calle Marcelo Macías, para lo que le da un plazo de tres meses, provocó que entre el gobierno popular y los tres grupos de la oposición, -DO, PSOE y OUeC-, se crucen reproches y acusaciones, pero sin concretar posibles soluciones a la situación, como así se puso de manifiesto ayer.
El portavoz socialista, Vázquez Barquero, aseguró que en este caso el "único responsable" es el Partido Popular, por aprobar en 2003 en solitario un planeamiento urbanístico que posteriormente anuló el Tribunal Supremo. Y concretar las responsabilidades en el exalcalde Manuel Cabezas, el exconselleiro de Ordenación del Territorio, Núñez Feijóo, y el ex director xeral de Urbanismo, José Cudeiro. Un "tridente mágico que es el responsable en el ámbito administrativo de lo que sucedió con el edificio".
De ahí que se desmarque de la propuesta realizada por el alcalde Jesús Vázquez de buscar una salida consensuada que evite la demolición del inmueble, y que puede llegar a través del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que se encuentra en fase de negociación tras la aprobación inicial.
Sostiene el regidor que existen alternativas, pero "tendríamos que ponernos todos los grupos de acuerdo". Un planteamiento con el que no está de acuerdo Vázquez Barquero, al dejar claro que "quien tiene la responsabilidad de solucionar el problema es el gobierno", y advertir que "no se puede derivar hacia a la oposición".
Reclamaciones
En cuanto a las posibles reclamaciones que puedan plantear los propietarios de las viviendas, y que "serán millonarias" si finalmente se produce el derribo de las mismas, Vázquez Barquero anunció que "pediré a mi partido que exija responsabilidades jurídicas", en este caso al "tridente" por considerar que son los responsables directos de la situación que se generó.
La contundencia en el planteamiento, así como las duras acusaciones vertidas por Barquero, tuvieron respuesta por parte del edil de Urbanismo, José Cudeiro, e integrante de ese "tridente" al que responsabiliza de la sentencia de derribo.
Además de reconocer que el responsable de esas licencias concedidas al amparo del plan de 2003, que luego fue anulado, Cudeiro reprocha a Barquero y al anterior gobierno socialista, del que formaba parte, que "no hiciesen nada para solucionarlo durante los últimos ocho años".
Y denuncia Cudeiro el "empecinamiento de los socialistas y de la anterior responsable de Urbanismo", lo que provocó "que se llegase a la situación actual".
Sostiene Cudeiro que durante ese periodo -los últimos ocho años antes de la sentencia firme- , se pudo haber dado una solución, y señala la de "retrotraer" el plan de 2003 que fue anulado "por un defecto de forma, ya que el alto tribunal no entró en el fondo de la cuestión". Así como el haber llevado a cabo una modificación puntual del planteamiento del plan de 1986, que es el que está vigente después de la anulación de la ordenación provisional, "en la que tampoco se incluyó".
La respuesta de Barquero fue la de insistir en que el gobierno "arregle el desaguisado del tridente".
