El edil de Urbanismo, José Cudeiro, explicó que por parte del gobierno municipal lo que se hace es "cumplir las resoluciones judiciales", aunque advierte que queda la posibilidad de presentar recursos y alegaciones, por lo que el proceso, antes de la demolición, se prolongaría más allá de esos tres meses, lo que permitiría resolver el problema sin tener que llegar a su demolición.
Pero señala como responsables de que se llegase a está situación límite al anterior gobierno socialista, por entender que "tuvieron tiempo suficiente, antes de la anulación definitiva del PXOM de 2003, de regularizar el edificio", y de esa forma evitar que se pueda producir una reclamación patrimonial millonaria al concello.
Una postura que contrata con la que manifestó ayer el portavoz de OUeC, Martiño Vázquez, al asegurar que "el único responsable de la situación es el PP", y a Cudeiro de "favorecer intereses privados y pelotazos urbanísticos" en el nuevo plan.
