El presidente de la Diputación de Ourense y el PP provincial, José Manuel Baltar, manifestó ayer que no tienen "ninguna preocupación", tras conocer el auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Ourense, la magistrada Eva Armesto, que ha decidido mantener la causa en relación al supuesto acoso sexual por el que está siendo investigado, además de los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. La juez ha rechazado la prescripción del delito, tal y como había solicitado la defensa del presidente, en una línea de defensa con constantes recursos desde que se inició el procedimiento penal hace un año.
"Mi postura es la misma. Que hable la justicia en su momento y punto", aseveró con contundencia el líder del PP de Ourense tras ser preguntado por esta cuestión a la salida del pleno del debate del estado de la provincia celebrado ayer.
Desde que a finales de 2015 T. F. C. le denunció por haberle ofrecido supuestamente un puesto de trabajo a cambio de sexo -ella también es investigada por su rol en el presunto delito de cohecho- el titular del organismo provincial ha insistido en que se trata de un asunto de índole personal del que no va hablar y que no tiene que ver con su trabajo al frente de este órgano. "Lo que dije desde el primer momento es lo que seguiré diciendo. Es la verdad y la realidad", sentenció el presidente del PP ourensano, en respuesta a si mantiene que se trata de una cuestión ligada a su ámbito privado.
Mientras, el portavoz de Democracia Ourensana (DO) en la Diputación, Gonzalo Pérez Jácome, tildó la decisión de la jueza como "la noticia del día" y se ha congratulado del rechazo de la prescripción del delito y del mantenimiento de la causa, porque a su entender "va en la línea" de lo que su partido "demanda". DO ejerce la acusación popular. En este sentido, subrayó que la formación "ha sido el único partido" de la provincia que pagó la fianza de 9.000 euros impuesta por la jueza para poder personarse.
Jácome se ha mostrado convencido de que la defensa de Baltar va a seguir buscando recursos. "Es la táctica que tiene su abogado. Son tretas para defender intentando embrollar el tema", ha censurado, antes de advertir de que el caso "seguirá adelante".
Por su parte, el nuevo portavoz socialista en el pleno de la Diputación, Francisco Fraga, ha manifestado que su formación estará "atenta" a lo que diga el juzgado y "respetará la decisión judicial". "No son comportamientos ejemplares ni éticos; es una conducta que desluce a esta institución pero está en manos del juez y esperaremos el cauce legal", ha insistido Fraga.
Para el portavoz del BNG en la Diputación, Ramiro Rodríguez, Baltar "tenía que haber presentado su dimisión para defenderse en el proceso abierto" porque "no tiene legitimidad" para seguir presidiendo esta institución. "Los hechos están claros. Más allá del delito de acoso sexual las grabaciones que todos escuchamos deslegitiman a Baltar para seguir siendo el presidente de la Diputación, porque son una muestra de cómo se lleva manejado esta casa durante los últimos 30 años", dijo el nacionalista.
La magistrada encargada del caso descartó la prescripción del delito y mantiene la causa en relación al supuesto acoso sexual por el que está siendo investigado, entre otros posibles, el presidente de la Diputación de Ourense. El auto, de 9 de noviembre, estipula que en relación al delito de acoso sexual "no ha lugar a declarar la extinción de la responsabilidad criminal por prescripción", conforme a los artículos 130 y 131 del Código Penal, tal y como pedía la defensa del investigado.
Además, cita en calidad de testigos a cinco personas relacionadas con la mesa electoral ubicada en el edificio conocido como Casa de Chocolate con el objetivo de "establecer la relación de dependencia o prestación de servicios" con el PP de la denunciante y a su vez investigada en 2012. Uno de los testigos es el exconcejal Francisco Javier Rodríguez Nóvoa, el actual responsable de Recursos Humanos del Concello de Ourense. También prestarán declaración como testigos dos trabajadoras de la sede del PP de Ourense y otras dos ligadas a la formación.
Las nuevas declaraciones acordadas por la magistrada, que averigua posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias, sin descartar la posibilidad de un acoso sexual, fueron propuestas como prueba por la mujer, que mantiene la categoría de denunciante-investigada (es acusación particular pero también sospechosa de cómplice en el cohecho). Los testigos están obligados a decir verdad y a responder a todas las partes, bajo apercibimiento de comisión de un delito. La instructora acuerda esta prueba, como ha hecho saber a las partes, con el objetivo de establecer la posible relación de dependencia o prestación de servicios con el PP de la mujer, y con ello con el investigado y su entorno.
Además de José Manuel Baltar, en las diligencias continúan imputados su padre y predecesor, José Luis Baltar, y el jefe de personal de la Diputación y alcalde del PP en Monterrei, José Luis Suárez. El exbarón fue el último en comparecer ante la juez. El 29 de septiembre, Baltar padre se defendió acusando a la denunciante-investigada de chantajearlo, en una línea argumental que también ha esgrimido la defensa del actual presidente. El exbarón aludió a uno de los audios grabados en secreto que la mujer presentó como prueba: "Si no me da una solución, pues habrá que hacer lo que haya que hacer", le dice en una de esas grabaciones.
