España no es, ni de lejos, Estados Unidos, cuya Segunda Enmienda de la Constitución blinda el derecho a portar armas y donde un lobby como la Asociación Nacional del Rifle (NRA, según sus siglas en inglés) influye a los grandes partidos y a los congresistas al más alto nivel. EE UU tiene más armas que habitantes y 4 veces más tiendas donde comprarlas -se venden 45.000 unidades al día- que "McDonald's". Pero la supervivencia de la afición a la caza, fundamentalmente, mantiene en circulación un número considerable en España. Son casi 3 millones en todo el país y la cifra en Ourense se aproxima a las 37.000 piezas registradas, lo que en una provincia con una población de 318.000 personas supone una media de 1 arma por cada 8 habitantes. La gran mayoría, más de 31.000, son escopetas y rifles destinados fundamentalmente a la actividad cinegética. Las cifras recogen únicamente las armas legales. ¿Pero y las clandestinas, cuántas son? "Como se dice aquí, haberlas haylas", admite la Guardia Civil. "Se está luchando en controlar los puntos de venta para prevenir".

El servicio de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil vigila la legalidad de cada una y gestiona la expedición de las respectivas licencias obligatorias para la posesión y uso. En la Comandancia de Ourense, el servicio es responsabilidad desde marzo del sargento Javier Pérez Álvarez, de 31 años, que en su anterior destino era comandante de un puesto en Extremadura. Una funcionaria, 6 guardias civiles y 2 cabos sacan adelante el ingente trabajo de oficina: son miles los expedientes y continuas las comprobaciones. Velar por que las armas en posesión tengan licencia y sean legales es una parte importante del mantenimiento de la seguridad ciudadana.

Los antecedentes y la conducta

Para ser titular de un arma hay distintos requisitos, que son más restrictivos para las cortas. Para las de caza, es necesario ser mayor de 18 años -aunque existen autorizaciones a partir de 16, siempre y cuando estén acompañados de una persona mayor de edad con licencia-, superar el psicotécnico y carecer de antecedentes penales ni anotaciones en el fichero de violencia de género. "Estudiamos caso por caso y observamos si la conducta puede entrañar un riesgo en el futuro por la posesión del arma. No se concede si existen delitos contra la libertad, lesiones, amenazas, coacciones o violencia de género".

Para obtener un permiso del tipo D (rifles de caza mayor) y E (escopetas y carabinas para caza y tiro deportivo), es obligatorio superar un examen teórico -hay tres convocatorias y se exige un mínimo de 16 preguntas acertadas de 20 para aprobar-, así como una prueba práctica. En Ourense, el campo de tiro de As Eiroás acoge estos exámenes. Antes de conceder permiso para ir de caza, la Guardia Civil comprueba que el interesado es capaz de acertar en la diana -al menos 2 tiros de 5 para lograr la licencia D- o dirigir el plomeo de la escopeta al blanco. Se evalúa desde cómo se carga y manipula el arma, hasta la toma de referencia de los elementos de mira y el disparo.

La primera vez que un cazador quiera obtener licencia para un arma, debe declarar que su interés es la actividad cinegética. Para renovar basta con adjuntar la licencia. El permiso caduca a los 5 años, requiriendo visado cada 2 y 1 a partir de los 60 y 70 años. ¿Y si alguien da de alta un arma de caza pero su interés es defenderse? "Este tipo de armas no son para autodefensa. Nosotros nos limitamos a la concesión y al estudio de la vigencia, pero en el momento en que haya constancia de que alguien, por ejemplo, esgrime el arma para amenazar a una vecino, automáticamente se le propone la revocación del permiso. Nos apoyamos en nuestra potestad discrecional", avisa el sargento Pérez. La justicia impone la privación del derecho a portar armas como pena accesoria en muchos delitos.

Para protegerse, siempre y cuando se acredite la situación de necesidad, la ley contempla la licencia de tipo B. Ampara la posesión de pistolas y revólveres de defensa personal. En la provincia de Ourense hay 90 titulares. La mayoría, según la Guardia Civil, son exmiembros de las fuerzas de seguridad del Estado o del Ejército. También hay magistrados, fiscales y empresarios amenazados. El permiso tiene una vigencia de 3 años y exige una solicitud justificada, que requiere informes de varios organismos, y que se somete a una evaluación exhaustiva. "Hay que acreditar, por ejemplo con denuncias, que la persona sufra una amenaza o viva en una situación de peligro real. Nosotros comprobamos si es verosímil". Las pistolas y revólveres de la clase B se pueden llevar encima, pero nunca exhibir. Deben guardarse en un lugar seguro. Las de tipo D para caza mayor, en una caja fuerte o un armero que cumpla las medidas de seguridad de la normativa europea, así como una declaración jurada.

Subastas e inutilizaciones

En Ourense están registradas 10.000 armas más que licencias (26.000 permisos, la inmensa mayoría en manos de hombres). Conservarla sin licencia tras el fallecimiento de un familiar supone una infracción. Si se desea guardarla con fines ornamentales o por su valor sentimental, la Guardia Civil se encargar de inutilizarla. También de subastar -una vez al año, en acto público- aquellas cuyos propietarios quieren vender por un precio que ellos fijan. Salen unas 300 cada año al mejor postor.

¿Cómo se controla que todo esté en regla? Con chequeos informáticos, avisos antes y después de la caducidad e inspecciones en puntos de venta. Con rutina administrativo "desde que llegamos hasta que nos vamos". La mayoría cumple, dice el sargento. Desde que está al mando, en estos poco más de 5 meses Intervención de Armas solo ha tramitado 6 denuncias por desobediencia o tenencia sin permiso, tras varios requerimientos.

En 2007, la Guardia Civil desmanteló en Ourense una red que se dedicaba la comercialización de armas y municiones en las comarcas de A Limia, Monterrei, Valdeorras, y en las provincias de Lugo, León y Zamora. Entre los que acabaron condenados había un concejal del PP en Baltar e incluso un cura de Cenlle. Intervención controla los permisos, las vigencias y los puntos de venta, mientras que la detección de armas ilegales y del posible tráfico desde Portugal en los concellos de la "raia" compete a la Policía Judicial. Reconvertir armas inutilizadas o modificar las detonadoras es un delito. "España es un país que controla más que otros de su entorno, por suerte las licencias se estudian y aquí no te encuentras una pistola en un supermercado. Somos un país de referencia en cuanto a legislación restrictiva con las armas", concluye el sargento Pérez.