Juan Carlos Rodríguez González admitió a la Guardia Civil que fue él quien acabó con la vida del holandés de Santoalla (Petín), Martin Verfondern, de un tiro de escopeta. Dijo a los agentes que disparó al holandés porque conducía "como un loco" Aquella confesión resolvió un crimen que estuvo 4 años y medio oculto y exigió a la Policía Judicial durante 6 meses, tras la localización fortuita del coche y los huesos de la víctima, en 2014. En el juicio, la abogada del presunto homicida argumentará que aquella confesión no debe tenerse en cuenta. "La única prueba que existe en este procedimiento es una declaración en sede policial que se inventó. Tiene una mente infantil, con una discapacidad reconocida del 70%". La Fiscalía sostiene, de acuerdo a los exámenes de los forenses, que el acusado sabía lo que hizo y puede ser juzgado.

La supuesta falta de pruebas contra el implicado, que la Fiscalía rebate, fue esgrimida ayer por la letrada en la vista celebrada en el juzgado de O Barco de Valdeorras, para que la magistrada decida si el presunto homicida debe continuar en la cárcel. En diciembre se cumplen dos años de su ingreso en prisión preventiva, el plazo máximo antes de prórrogas. A petición de Fiscalía se celebró la comparencia de ayer. El ministerio público quiere que el sospechoso continúe en la cárcel, aludiendo a un posible riesgo de fuga de una persona que se enfrentará a peticiones de unos 15 años de cárcel por un delito de asesinato, así como a que la celebración del juicio ante un tribunal del jurado está próxima. A la instrucción solo le falta algún trámite, como un informe de balística.

Juan Carlos Rodríguez regresó ayer al juzgado, custodiado por la Guardia Civil desde la prisión de Pereiro, y no ejerció su derecho a la última palabra en la vista. Su abogada, Sonia Jiménez, se opuso a que continúe encarcelado antes del juicio, "porque no hay indicios de su participación delictiva y no existe ningún riesgo de fuga dado su arraigo máximo; nunca se ha movido de la zona salvo en compañía de sus familiares. Tampoco tiene antecedentes penales".

Están acusados Juan Carlos y también su hermano Julio, dos años mayor, de 51, en libertad provisional y considerado inicialmente encubridor. El fiscal no ha concretado todavía quién hizo el disparo. "Movidos por un odio derivado de los múltiples conflictos que mantenían con él por la gestión de la comunidad de montes, y tras perder todos los procesos judiciales, decidieron acabar con su vida", según concluyó tras las investigaciones.