La anulación de la ordenación municipal tiene su centro de controversia en la inclusión de los 15 ámbitos de carácter privado, en los que se contemplaban el desarrollo urbanístico con la construcción de unas 3.000 viviendas en diferentes zonas de la ciudad. Eso provocó la presentación de nueve recursos contra la ordenación provisional que viene de tumbar el alto tribunal gallego. La decisión de la inclusión de estos ámbitos de actuación partió de la Xunta, con el informe del Concello.

De ahí que ayer En Marea considerase que la anulación de la ordenación urbanística provisional de Ourense es una muestra más de la "desastrosa política urbanística de Núñez Feijóo". Y es por eso que el diputado electo Antón Sánchez asegura que el presidente de la Xunta " tiene responsabilidad directa en la anulación del PXOM de 2003 y ahora con la anulación del ordenamiento".

Sánchez advierte que la sentencia del TSXG "genera inseguridad jurídica y puede dar lugar a un efecto cascada con las correlativas responsabilidades patrimoniales derivadas por la tramitación de instrumentos de planeamiento o trámites de licencias no amparadas por el PXOM de 1986", que es el que está en vigor.

Es por eso que En Marea demanda que se establezca un principio de precaución que aporte seguridad jurídica en la tramitación de los instrumentos de planeamiento y de gestión derivados de la Ordenación anulada para evitar que en un futuro se tengan que asumir responsabilidades patrimoniales tanto de la Xunta como del Concello Ourense, por la anulación.