La Ley Orgánica 4/2015 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana rige desde julio del año pasado con otro sobrenombre -la "ley mordaza"- y sonoras críticas cuyo eco ha llegado, por ejemplo, a la negociación de investidura entre PP y Ciudadanos, planeando sobre la mesa la posibilidad de una reforma, pese a que ambos partidos votaron juntos, en contra de derogarla, en abril de 2016. En una provincia pequeña y menos dada a la conflictividad en masa como Ourense, las polémicas que rodean a esta ley sobre las restricciones al derecho de reunión no están presentes. Los efectos de la norma sí se aprecian en un aluvión de multas por menosprecios e insultos a agentes de autoridad. Según la Subdelegación del Gobierno, esta infracción supone "un 30%" de las 543 multas tramitadas en materia de Seguridad Ciudadana, desde la entrada en vigor de la ley, el 1 de julio de 2015, hasta este pasado lunes 22.
Entre este medio millar se incluyen sanciones por desórdenes públicos, desobediencias a los agentes y negativa a identificarse, carencia de registros documentales, la pérdida de documentación de armas y explosivos, dejar animales sueltos en condiciones de causar daños, causar daños en bienes públicos o privados, o incumplir las comunicaciones obligatorias a las autoridades en materia de explosivos u hospedajes (los hoteles están obligados a entregar a la Policía una relación documentada de los viajeros).
La entrada en vigor de la norma coincidió con la última reforma del Código Pena, que tipificó algunas faltas como delitos menos graves y despenalizó otras. La "ley mordaza" tipificó las conductas de falta de respeto a los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo que conlleva sanción. Antes, los menosprecios a los agentes solo tenían encaje posible como falta, en vía penal, pero en muchas ocasiones no tenían consecuencias para el responsable, aun cuando la Fiscalía tramitaba los atestados para evitar la impunidad.
Las faltas de respeto a agentes de la autoridad -artículo 37.4 de la nueva ley- se incluyen dentro del apartado de infracciones leves. Partiendo del atestado del funcionario -Guardia Civil, Comisaría y Policía Local -, la administración decide si tienen encaje y fija la cuantía de la multa, desde 100 a 600 euros.
La presunción de veracidad de los agentes no se impone por sí sola. La Subdelegación da al aludido un trámite de recurso, escucha su versión y tiene en cuenta que "la denuncia se corresponda con los hechos". En todo caso, si el infractor renuncia a recurrir el expediente y abona la sanción en 15 días, el importe final queda reducido a la mitad por pronto pago, como sucede con las infracciones de tráfico, otra de las novedades incorporadas por la "ley mordaza".
Explican en la Subdelegación de Ourense que el 80% de estas 543 multas de Seguridad Ciudadana zanjan el expediente por la vía rápida. A cambio de cerrar el expediente librándose de recursos y posteriores litigios -solo ha habido un par de casos que llegaron al juzgado contencioso-, la administración ofrece la rebaja del 50% en los 15 días siguientes a la notificación.
El importe medio de las multas por infracciones leves en Ourense es de 300 euros. Por la graves -la ley establece un mínimo de 601 y hasta 30.000-, el importe promedio es de 675 euros.
