El proceso para la nueva adjudicación del servicio municipal de Ayuda a Domicilio y Dependencia se encuentra abocado a una controversia que puede acabar de nuevo en la vía judicial, sobre todo después de que a las advertencias realizadas por UGT sobre el procedimiento que se lleva a cabo, se suman ahora las de la CIG, en el sentido de advertir que el futuro del servicio "no está garantizado" si se tiene en cuenta la oferta que presentaron las 5 empresas que optan al contrato. Y Alertan sobre que al precio bajo ya establecido por el Concello para la cobertura de este servicio, hay que unir las bajas aportadas por todas las empresas que presentaron sus ofertas para conseguir la adjudicación.
Así, con los datos en la mano, desde la CIG se destaca que el precio de la hora de prestación de servicio ha bajado hasta los 13,62 euros de los 15 en los que inicialmente lo habían fijado los técnicos municipales. Se trata de la oferta de SERVISAR, el más bajo en tal concepto, frente a los 14,459 de VALORIZA, LOS 14,90 de la UTE Serra Martíñá, S.L y Troncoso Casares, S.L, los 14,79 de la actual concesionaria, SERALIA, y los 14,76 de OHL Servicios. En el caso de la primera oferta, con el precio más ventajoso para el Concello, el sindicato advierte que "solo el salario de las auxiliares representaría cerca del 80% de lo ofertado, y con el 20% restante (3,09 euros/usuario/hora) para afrontar gastos".
Por lo que tienen claro que "el resultado no es otro que el incumplimiento de la empresa del convenio colectivo, dejando a deber -como es el caso de la actual concesión- dinero a los trabajadores, desplazamientos y kilometrajes, obligados a reclamarlos en demandas judiciales". Y sostiene que las empresas acuden "a sabiendas de que no van cumplir el convenio colectivo y la legislación vigente", y que el Concello "mira hacia otro lado, con plena y absoluta conciencia de que ese incumplimiento se va producir".
Es por lo que el sindicato advierte de que si el Concello se convierte en "cómplice de esta conculcación de la legislación", estudia ampliar las demandas económicas que tiene presentado, y tenga que responder como responsable subsidiario.
