Los problemas con las adjudicaciones de servicios municipales se suceden, y muchos con resoluciones judiciales. Es el caso del servicio de limpieza de edificios municipales, que el Concello mantiene a día de hoy a la empresa Seralia, en precario, debido a que finalizó el periodo de vigencia del contrato, a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que es firme y contra la que no cabe recuso alguno, que anula el concurso, ratificando la que emitió en su momento el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense.
Una sentencia con fecha de 28 de abril de 2016, y que adelantó FARO en su edición del pasado jueves, 5 de mayo, rubrica que el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de 2013 fue "contraria a derecho", por lo que se ordena "retrotraer todo el proceso", además de quedar fuera la empresa que en la actualidad presta el servicio, al esgrimir el "incumplimiento flagrante de las exigencias del pliego de condiciones".
Desde el gobierno municipal se justifica la situación actual, de un problema "heredado" de la etapa socialista, en que se solicitó a los servicios jurídicos un informe para proceder al cumplimiento de la sentencia. Además de advertir que se puso el marcha el correspondiente proceso para proceder a una nueva concesión del servicio.
Actuaciones
En este sentido, el concejal de Servicios Generales y Promoción Económica, Jorge Pumar, remitió un escrito a la Asesoría Jurídica, solicitando un informe sobre las actuaciones a llevar a cabo para ejecutar el fallo de la sentencia del alto tribunal gallego.
Así como los pasos a seguir, en el procedimiento abierto para la contratación del servicio de instalaciones municipales. Todo ello después de que se diese cuenta en la Junta de Gobierno Local del 5 de marzo de la sentencia firme del TSXG que anuló la concesión a Seralia, pero que con los recursos presentados agotó el periodo establecido.
Con la actuación del gobierno municipal discrepa abiertamente los representantes de la empresa Procedimientos de Aseo Urbano (PAU), que pertenece al grupo Vendex, anterior adjudicataria, y que venía realizando el servicio en precario al haber finalizado en contrato, hace algo más de tres años. Que además fue la segunda mejor oferta, a muy poca diferencia.
Para los representantes del grupo Vendex, no cabe interpretación de ningún tipo, y recuerdan que la sentencia es firme y contra la que no cabe ningún recurso. Por lo que anuncian que solicitarán formalmente que se ejecute, lo que llevaría a recuperar el servicio.
En cuanto a la polémica suscitada, fuentes de la judicatura consultadas por FARO aseguran que en esta cuestión lo que debe hacer el Concello es ejecutar la sentencia en los términos que establece, sin entrar en otro tipo de consideraciones que ya fueron substanciadas, tanto en primera instancia como en el recursos de apelación ante el TSXG. Y que pasa por retrotraer el proceso a su fase inicial, dejando fuera a la empresa Seralia.
