Miembros de la Comisión Intermunicipal del Bombeo Razamonde-San Trocado manifiestan su oposición contra el convenio de colaboración con la Diputación que aprobaron en pleno los concellos de Punxín, San Amaro y Amoeiro. Un convenio que indican es impugnable, por lo que los grupos socialistas de cada concello estudian recurrirlo. Señalan que solo sirve a "intereses privados y no de la población" contraviniendo el artículo 103 de la Constitución Española. La preocupación por los perjuicios que conlleva es tal que se quiere pedir una reunión con los grupos de la oposición en la Diputación y analizar la situación.

El portavoz de la Comisión Intermunicipal, Juan Lage, asegura que llevan trabajando desde septiembre y se quería evitar llegar a este punto pero que el PP y CI se negaron a que los vecinos participaran en la configuración del convenio que "hoy nos vemos en la necesidad de desmontar porque obedece a intereses personales y políticos". Dice que la Diputación se compromete a llevar la asistencia técnica, el control de las analíticas y la gestión del coste energético del bombeo, y "en esos tres apartados económicos se perjudica de forma sistemática a los vecinos".

Explica, por ejemplo, que de asistencia técnica son 23.000 euros al año para los tres concellos con este convenio, cuando a Cenlle la Diputación le cobra hasta ahora cada año solo 3.000. O que los reactivos, que es la cloración del agua, están incrementados un cien por cien. Sobre el consumo doméstico medio, señala que el de los vecinos de Cenlle es 124 litros por día, en Punxín 68 y en San Amaro 65, por lo que en Cenlle hay un "consumo industrial enmascarado" y que el alcalde "no fue capaz de justificar", y que podrían ir esos litros de más al balneario.

Por otra parte, destaca el favor que le hace la Diputación a Cenlle. Dice que los contadores eléctricos del bombeo estarán en Cenlle por lo que le tocaría pagar el consumo de todos para luego cobrarlo, pero como sabe que San Amaro no podrá pagar, le pasó la gestión y el pago a Fenosa a la Diputación, que luego prorrateará el coste a cada concello en función del consumo. De esta forma, si San Amaro no paga será un problema del ente provincial. Éstos y muchos más datos motivas a que la Comisión y los tres grupos socialistas rechacen este convenio.

Por el Concello de Cenlle, José Rodríguez Veloso señala que se perdieron 600.000 litros en 6 años, que el alcalde atribuye a una fuga "que no existe", y que hace perder al concello 120.000 euros en electricidad, 20.000 euros al año. Dice que alguien los consume y no los paga.

La edil de San Amaro, María Jesús López, mostró su preocupación por la existencia de una empresa concesionaria del servicio de agua, a la que en 2015 se le pagó 174.866 euros y le queda de vigencia 17 años de contrato, por lo que habrá duplicidad con el convenio con la Diputación, y en 2016 "pagará 190.000 por la duplicidad". Señala que el convenio no se puede firmar por esta duplicidad de gestión y "eso es incompatible". Considera que este convenio con la Diputación "puede ser anulable".

Por su parte, Rosa Outerelo, de Punxín, indica que "dejamos la posibilidad de que los alcaldes analicen de nuevo el convenio y tengan en cuenta que en la forma de actuar se vulnera la constitución de servir a los intereses generales". Dice que para Punxín es gravoso en términos "desproporcionados".