Nada nuevo, pero a la vez muy preocupante para el futuro termal de la ciudad. Lo dijo en su momento a FARO el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, en el sentido de que todo "está en manos de la justicia", en alusión a las demandas presentadas. Advirtió que existe "un problema de inseguridad jurídica". Eso lleva a que tanto el Concello vea limitada su capacidad de actuación, y la disposición de los inversores, que alguno hay, no se atrevan a dar el paso.
Una situación heredada y a la que el actual gobierno popular en minoría quiso reconducir, sobre todo en lo que se refiere al proyecto de expropiación que había iniciado el anterior ejecutivo socialista, también sin mayoría, pero contando con el apoyo en aquel momento del BNG.
En un principio se había aprobado un sistema de compensación, pero un cambio de planteamiento llevó directamente al de expropiación que se prolongó en el tiempo, debido a que hasta en dos ocasiones caducó, por lo que debió retomarlo el nuevo ejecutivo. Una situación que para Cudeiro choca con las acusaciones de la oposición, sobre todo del grupo socialista, de que "no queríamos sacarlo adelante".
La propuesta de los populares de intentar llegar a un acuerdo con los propietarios de los terrenos, por considerar que con algunos era posible, no así con otros. Las diferencias en las cuantías económicas llevaron el asunto al juzgado.
