La Audiencia Provincial de Ourense condenó a seis años y medio de prisión a Sonia Coello Pinto, de 38 años, como autora de un delito de proposición de asesinato por contratar a un sicario para que matase a la jefa de su expareja, al creer erróneamente que éste mantenía una relación sentimental con ella. El tribunal aplica al fallo la agravante de reincidencia, ya que unos meses antes de que ocurriesen estos hechos, la acusada había sido condenada en firme a tres años de cárcel por intentar lo mismo con su ex y padre de su hijo.

Lo que rechaza la sentencia es la atenuante de enajenación mental propuesta por la defensa ya que otorga credibilidad al informe médico forense que determinó que las facultades intelectivas de la acusada, a la que se le reconoce un trastorno adaptativo con síntomas depresivos y ansiosos, "se hallaban íntegras en el momento de los hechos". La procesada, que ya se encuentra en prisión, deberá indemnizar a la víctima con 12.000 euros y no podrá acercarse a menos de 300 metros de ella en un plazo de 10 años.

Los hechos ocurrieron entre mayo y junio de 2014 y fueron reconocidos por la acusada, que mostró su arrepentimiento durante el juicio. Creía que su expareja había iniciado una relación sentimental con su jefa y decidió acabar con la vida de ella. A través de la denominada internet profunda, contactó con un hombre que entonces vivía en Palencia al que propone acabar con la vida "de una persona o incluso de dos" y abonó un anticipo de 150 euros. A través de correos electrónicos le iba informando de los pasos a seguir llegando a indicarle que usaría una pistola de descargas eléctricas para matar de forma limpia y "sin posibilidad de error". Al dar varias veces en el pecho, le dijo, "liquida".

El encargo se tornó demasiado oscuro y el presunto sicario, asustado, acudió a la Policía el 17 de junio. Ya informados sobre lo que la mujer planeaba, los agentes dejaron que la acusada organizase el encuentro y la detuvieron el 23 de junio en la estación Empalme de Ourense, a donde Sonia había ido a recoger al que ella creía que era un asesino a sueldo.

En el maletero del coche llevaba una pala, un pico, un par de botas de goma, un traje de aguas, un par de guantes de color blanco y otros de color azul y negro. También había una pistola de descargas eléctricas, concebida para incapacitar el sistema nervioso a través de descargas eléctricas de alto voltaje que, curiosamente, no funcionaba.

El fiscal había pedido una pena de 12 años de prisión; la acusación particular, de 13 años y medio, y la defensa, que en su informe oral se mostró conforme con la calificación jurídica, propuso que la acusada fuese sometida a tratamiento psiquiátrico. El tribunal no tuvo problemas para determinar la culpabilidad de la procesada ya que ella misma confesó los hechos y acordó imponer la pena optando por la rebaja de dos grados, en base a la asimilación de la conducta enjuiciada a la tentativa inacabada. Respecto a la salud mental, el tribunal explica que todos los informantes coinciden en la "integridad de sus facultades intelectivas". Los psicólogos forenses afirman que las ideas obsesivas que padece le impiden controlar su comportamiento, pero sin especificar en qué intensidad, mientras que los forenses, a los que otorga "mayor credibilidad", niegan que dicho trastorno afecte a su voluntad.