La Unidad de Asuntos Internos planteó la intervención de hasta 13 teléfonos de policías de Ourense tras aludir a un posible vínculo entre la desaparición por esclarecer de tres pistolas del armero de la Comisaría Provincial -la cifra se elevaría a 6, meses más tarde- y presuntas irregularidades de determinados funcionarios con traficantes que servían de fuentes de información. Aquellas pesquisas dieron lugar a la apertura de diligencias en Instrucción 1 de Ourense, en 2014, y avanzaron durante meses bajo secreto hasta que, en noviembre pasado, desencadenaron un terremoto en la Comisaría, con el arresto de dos agentes del antiguo grupo antidroga -luego desmantelado- y la imputación de otros dos compañeros. Con la instrucción de esta última derivada casi finalizada, el juez del caso, Leonardo Álvarez, ha tomado la decisión de desvincularla formalmente del caso de las pistolas. En la práctica, enmienda a Asuntos Internos.
El titular de Instrucción Uno argumenta que en la denominada operación "Zamburiña" no existe "ningún indicio" de que los investigados, más de una docena entre policías del antiguo grupo antidroga y presuntos traficantes, tuvieran relación con la sustracción de hasta 6 pistolas del búnker de Comisaría, los hechos por los que abrió diligencias en 2014. El magistrado resta además "credibilidad" al policía anónimo que vinculó ambos supuestos en un documento remitido a Asuntos Internos en 2014, el que puso en la pista a la unidad de Madrid. En febrero del año 2015, otro escrito sin firmar aireó el caso de las armas a los medios.
Tres casos judiciales distintos
La filtración y la desaparición del armamento ya se estaba investigando en diligencias separadas desde hace meses. El juez Leonardo Álvarez rechazó la inhibición sobre los documentos acusadores que había realizado el titular de Instrucción 2, Luis Doval. En este juzgado sigue abierta una investigación de la que se encarga la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la propia Comisaría de Ourense.
Al no apreciar conexión entre el caso de las pistolas, por el que abrió las diligencias en 2014, y el relativo a la relación del antiguo grupo antidrogas con sus confidentes, el juez ordena una investigación "independiente y autónoma". La rama sobre tráfico de estupefacientes y la presunta mala praxis de los agentes será devuelta al decanato para que el sistema informático adjudique su continuación a uno de los tres juzgados instructores de la capital. El azar podría hacer que esa derivada vuelva al propio titular del número 1.
La instrucción ya está avanzada, puesto que el magistrado Álvarez tuteló las detenciones de los policías y presuntos traficantes, de los registros, de los interrogatorios de los investigados, así como de la práctica de otras diligencias, como el estudio en laboratorio de la droga incautada y el volcado de ordenadores y teléfonos móviles, en busca de alguna conversación o dato de interés.
El caso de la filtración no le pertenece, pero lo cierto es que el magistrado Leonardo Álvarez acordó una prueba que apunta a esa posibilidad, en la derivada relativa a las pistolas, la que sí seguirá llevando. Pidió a las compañías telefónicas que aporten el listado de móviles, así como su ubicación, en determinadas fechas relacionadas con el envío de los anónimos y la desaparición de las pistolas. Localizar al que filtró podría llevar a las armas, considera. El comisario siempre ha vinculado ambos hechos con un agente u agentes con ánimo de "venganza".
Conocida esta decisión del juez de dar marcha atrás en su caso, lo que fuentes del caso ven como un intento de evitar peticiones de nulidad por la posible contaminación de la instrucción, el principal sindicato de la Comisaría, el SUP, afirmó ayer que recurrirá el auto para que la Audiencia Provincial determine si el a unto de los drogas debe ser continuada por el mismo juez o procede que vaya a reparto.
