El supuesto espionaje por parte de dos cargos del PSOE de Ourense a un compañero, alejado de su sensibilidad política y contrincante en el proceso de listas de las generales, hará desfilar por el juzgado, como testigos, a varios cargos del partido en As Burgas. Las tres primeras declaraciones, de cuadros destacados de la formación en la provincia, ya han sido acordadas por el juez y fijadas para finales de abril. Además podrían ser citados otros "3 o 4" cargos del PSOE a nivel provincial y autonómico, después de que fueran mencionados ayer, en la declaración del perjudicado.
El magistrado Leonardo Álvarez, titular de Instrucción Número 1 de Ourense, escuchó durante algo más de una hora la versión de José Arcos, abogado y miembro de la Ejecutiva Provincial del PSOE que concurrió como aspirante al Congreso, fue el tercero más votado por la militancia de toda la provincia y presentó su renuncia voluntaria en la fase final del proceso de listas.
Se apartó, supuestamente, al verse forzado y hasta presionado por la investigación interna que dos compañeros de la Ejecutiva Provincial, Teresa Taboada -candidata al Senado- y Enrique Camoeiras, exagente de la Policía Nacional, llevaron a cabo para comprobar sus antecedentes, sobre una infracción vial, en 2008, de la que fue absuelto por la justicia. En su condición de profesional del derecho, Arcos también ejerce su potestad a ser acusación particular al considerar que su prestigio puede resultar dañado por tener que ver su nombre en un proceso.
La declaración de los cargos del PSOE citados como testigos se enmarca en determinar si conocían el supuesto "espionaje" y si encargaron o transmitieron la información reservada sobre el historial del compañero. Las diligencias previas de Instrucción Número 1 de Ourense se tramitan por un presunto delito de revelación de secretos, aunque la acusación tampoco descarta la posibilidad de un cohecho, por razón de que otras personas habrían salido beneficiadas con el presunto intento de desprestigio al compañero.
El caso de supuesto espionaje política se investiga en un juzgado de Ourense por la deducción de testimonio de un órgano de Vilagarcía de Arousa, donde se seguía una investigación bajo secreto, con teléfonos pinchados. En una escucha aparece Taboada pidiendo presuntamente a Camoeiras, que todavía era agente de Policía en ejercicio, que comprobara los antecedentes de Arcos en la base de datos. Era septiembre de 2015.
La candidata al Senado, secretaria de Acción Electoral, negó una maniobra de espionaje. Según dijo a la prensa tras su declaración, el pasado mes de enero, se comunicó con Camoeiras, miembro también de la comisión de listas, para comunicarle el rumor que circulaba sobre Arcos. "Con la obligación de velar por que las listas vayan limpias, pregunté si se podía enterar" "Aquí no ha habido ánimo de hacer daño a nadie, sino que se hizo con la máxima discreción para no perjudicar a ningún compañero". Su versión es que el PP manejaba la información y podría usarla contra el PSOE en la campaña. Creía no estar cometiendo delito, "porque se supone que había una sentencia y las sentencias son públicas".
Tensión entre cúpula y críticos
El caso acrecentó la división en la Ejecutiva Provincial, a la que todavía pertenecen los investigados y el perjudicado, pese a que este ya no es afiliado del PSOE. El grupo, otrora cohesionado por su afinidad mayoritaria al exsecretario xeral Pachi Vázquez, está distanciado del núcleo de dirección del líder y la responsable de Organización, Raúl Fernández y María Quintas. Los díscolos, que son mayoría, reunieron firmas para pedir explicaciones pero la cúpula provincial arremetió públicamente contra ellos, en un comunicado que se atribuía a toda la Ejecutiva. En una reunión posterior hubo rectificación. El desfile judiciales de cargos del PSOE recrudece la crisis.
