La fatalidad no exime de tener que enfrentarse a una reclamación económica por parte de la administración titular de una carretera. Sufrir un accidente y salir ileso también puede dar dolores de cabeza si el vehículo vierte al asfalto o se lleva por delante elementos de protección o señales. Según los datos aportados por la Subdelegación del Gobierno, la delegación territorial de la Xunta y la Diputación Provincial, las tres administraciones reclamaron en un solo año cerca de 139.000 euros a conductores. De media, las tres principales propietarias de vías de la red provincial tramitan 10 expedientes cada mes para pedir compensaciones a automovilistas que, intencionadamente o no, derraman carburante o aceite en el asfalto, o causan desperfectos en vallas, barreras, pretiles, o cualquier otro elemento viario. En 2015, 128 trámites en total.
De la Diputación de Ourense depende la conservación de 1.850 kilómetros de carreteras, una tupida madeja que discurre por las comarcas, reflejo de la dispersión territorial, y que en línea recta salvaría la distancia entre Ourense y Bruselas. Los operarios del servicio provincial de Vías e Obras funcionan como una especie de policía de carretera, observando cualquier deterioro o desperfecto para dar parte al Pazo. A pesar de las reclamaciones a conductores cayeron un 60% entre 2014 y 2015, al pasar de 62 a 25 expedientes, el importe solicitado por el ente provincial fue sensiblemente superior: 59.677.85 euros sumaron las cuantías de los expedientes del año pasado, frente a los 33.186,99 euros de 2014.
La Xunta registró un total de 160 incidencias, de las que la mitad se saldaron con la limpieza de la vía y señalización, sin necesidad de dar lugar a una reclamación. La instancia autonómica conoce las incidencias por los recorridos diarios de sus vigilantes, por avisos del 112 o por las fuerzas de seguridad. Unas 80, según la delegación, requirieron la reposición de señales o la reparación de barreras, por los que sí se abrió expediente. Según la delegación territorial, "están finalizadas 29 reclamaciones que suponen una cuantía media de unos 500 euros". El total, por tanto, sería de unos 14.500 euros en todo 2015. La mayor cuantía fue solicitada por el Estado. Según la Subdelegación del Gobierno, el año pasado se tramitaron 74 expedientes por una cifra global de 64.784 euros.
La Xunta, con casos de 2014
Las reclamaciones de daños son un procedimiento administrativo y, por tanto, admiten alegaciones o pleito por lo contencioso. Según la Xunta, el proceso es "extenso" y, en su caso, hay algún expediente sin cerrar del año 2014. En vía judicial, los abogados de las aseguradoras, cuando hay defensa jurídica contratada, tratan de acreditar si el siniestro ocurrió por culpa de la mala señalización, estado o iluminación de la vía, solicitando para ello pruebas periciales. "Normalmente las pólizas excluyen los desperfectos que puedas causar por una mala pericia en elementos públicos. Por eso es tan importante mirar los clausulados al elegir un seguro", según indica un letrado con despacho en Ourense que representa a dos compañías.
