El Observatorio para a Defensa dos Dereitos e Liberdades, Esculca, compareció ayer frente a la Subdelegación del Gobierno con la exedil del BNG, Ximena González, para denunciar un repunte en las sanciones administrativas notificadas a activistas sociales por su participación en movilizaciones y protestas ciudadanas. Alertan de que las normas fijadas por la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza", pretenden disuadir con sanciones económicas la contestación social y frenar las movilizaciones.
Ximena González es una de las personas denunciadas por este procedimiento. Ella fue una de las manifestantes que a comienzos del pasado mes de junio protestó de forma pacífica contra el derribo de una casa en Reza. Un cordón policial impedía el acceso a la vivienda pero ella, junto con otros vecinos y amigos de los propietarios consiguieron llegar a la casa monte a través. Un agente de la Policía Nacional le pidió el DNI y ella se lo entregó. No era una identificación más. Dos meses después recibió una notificación de la Subdelegación del Gobierno que la señalaba como autora de una infracción por desobediencia que conlleva una multa de 110 euros.
De haber sucedido los hechos un mes más tarde, ya con la reforma de la ley en vigor (ley mordaza), la cuantía de la multa por no acatar los dictados de la autoridad sería mucho mayor ya que se fijan sanciones de 300 a 30.050 euros.
La exedil dejó pasar el período de pago voluntario que habría supuesto una reducción del 50% por considerar que la sanción administrativa era "algo excesivo" pero finalmente accedió a pagar porque, de lo contrario, la Agencia Tributaria procedería al embargo de sus bienes. No obstante quiso mostrar su rechazo al hecho de que "por dar soporte y apoyo solidario a unos vecinos tengamos que pagar económicamente". Esto, añadió, "es una forma de presionar para que cuando tomen decisiones que no nos gusten tengamos miedo y nos abstengamos de movilizarnos sabiendo que ahora está aumentando el nivel de denuncias, sanciones y cuantía de las multas".
Diferentes colectivos sociales apoyaron a la exedil y recaudaron fondos para abonar la multa.
Por su parte, Esculca se sumó a la denuncia pública constatando que la notificación que le llegó a Ximena González "no es aislada" en el conjunto de la acción social. El abogado Xosé Manuel Pacho recordó que el derecho de resistencia es uno de los derechos reconocidos por las primeras declaraciones universales junto con la libertad. Someter a fiscalización este derecho por parte de los poderes públicos, indicó, "no es el camino". El abogado miembro de Esculca señaló que sancionar a los ciudadanos por mostrar su disconformidad con medidas "que son susceptibles de cuestionamiento", supone "sancionar la libertad sobre la que se construye nuestra democracia". Recusan, por tanto, este tipo de acciones contra ciudadanos que "tienen el legítimo derecho en las democracias a expresarse como consideren, siempre desde el respeto a las instituciones".
