Rencillas entre vecinos únicos degeneraron en el crimen de Martin Verfondern, un holandés afincado en Petín junto a su esposa que, en 2010, fue víctima de un asesinato. El crimen estuvo oculto, tratándose como una desaparición, durante más de cuatro años, hasta que en junio de 2014 el azar permitió dar con su coche. Ni rastreos de correos y cuentas, ni batidas por la caprichosa geografía de Petín y alrededores, ni siquiera una búsqueda con georradar, habían dado resultado. Un destello avistado por un helicóptero de la Guardia Civil que acudía a un incendio descubrió su aparatoso todoterreno. La localización del vehículo y los huesos confirmaron el crimen y el móvil principal, la rivalidad con la otra familia de la remota Santoalla, guiaron a los investigadores de la Guardia Civil. "Movidos por un odio derivado de los múltiples conflictos que mantenían con él por la gestión de la comunidad de Montes Cabeza de Vilariño, y tras perder todos los procesos judiciales, decidieron acabar con su vida". Así define la Fiscalía el porqué del crimen cometido presuntamente por dos hermanos.
Juan Carlos Rodríguez González., uno de los hijos de la familia rival, la única con la que convivía el holandés en Santoalla, confesó a la Guardia Civil que había disparado al holandés, tras reprocharle que condujera "como un loco". Según esa primera hipótesis, su hermano, Julio, le ayudó presuntamente a esconder su aparatoso todoterreno, así como a ocultar el cadáver en un paraje. En el escrito de concreción de hechos dado a conocer ayer, el fiscal los considera a ambos autores de asesinato. No delimita, además, cuál de los dos hizo el disparo.
Ambos comparecieron ayer ante el juzgado de Instrucción Número 2 de O Barco para escuchar los cargos en su contra, uno de los trámites finales antes del juicio. Un tribunal del jurado dictará veredicto. La vista podría celebrarse este año. Ya se ha fijado una fianza de 200.000 euros.
El fiscal, Miguel Ruiz, atribuye a los dos hermanos la autoría de un delito de asesinato. Por tanto, Julio, en libertad provisional desde las detenciones a finales de 2014, podría enfrentarse también a una pena de 15 a 20 años por asesinato. En un primer momento no se descartaba que su rol fuera el de encubridor, lo que lo habría librado de responsabilidad penal, pues el Código Penal exime a los parientes directos. Juan Carlos, encarcelado desde el paso a disposición judicial, se expone a un delito añadido de tenencia ilícita de armas, ya que carecía de licencia de ningún tipo. Julio tiene prohibido acercarse a Santoalla. Pidió varias veces que la medida fuera alzada porque posee allí 150 cabezas de ganado, pero Fiscalía y tribunales se mostraron en contra. En la aldea aún vive la viuda, Margo Pool. En el cementerio que corona la pequeña aldea reposan los restos del holandés asesinado.
Sostiene el ministerio público "que actuando de común acuerdo, el 19 de enero de 2010, sobre las 13 horas, le tendieron una emboscada en la entrada del pueblo donde vivía, Santoalla, en Petín, aprovechando que se trata de una zona con nulo tránsito de gente y a sabiendas de que tenía que pasar con su coche para volver a su domicilio. Así, tras forzar que parara el coche con el que venía de hacer la compra, le dispararon un tiro con una escopeta a escasos metros, cuando estaba dentro del vehículo, de manera totalmente sorpresiva y sin la más mínima posibilidad de defenderse, lo que provocó su muerte inmediata".
Discapacidad psíquica
Según la acusación, "a continuación, y con intención de que su acto quedara impune, utilizaron el propio vehículo de la víctima, un Chevrolet Blazer, para transportar y esconder el cadáver, en una zona del monte de muy difícil acceso, y de muy escaso tránsito de gente. Allí, dejaron abandonado el cadáver de Martin en un lado de la ladera, y a varios metros decidieron prender fuego al vehículo para que no pudiera ser identificado".
Las dos defensas solicitan el sobreseimiento. La abogada de Juan Carlos pide también la nulidad, al entender que el trámite de adecuación la ley del jurado llega con retraso. La letrada Sonia Jiménez niega indicios contra su cliente y asegura que a su primera confesión ante la Guardia Civil le siguieron varias versiones contrarias. Subraya, además, que tiene una discapacidad psíquica del 70 %.
