Eva Regueiro trabaja desde hace una década en la sección de personas con discapacidad del ministerio público en Ourense. Ella y su compañera en la materia, la también fiscal Elena Oviedo, tramitan a diario demandas de incapacidades -fueron unas 600 el año pasado-, por lo que conocen de primera mano los desvelos de las familias y la ímproba labor de colectivos sociales que suplen la falta de recursos del sistema. "A veces los familiares nos vienen demandando ayuda y la que podemos prestar puede que no baste. Nosotros promovemos incapacidades, pero ¿resuelven todos sus problemas con eso?", reflexiona. "No se puede pretender encerrar a la gente en sus casa o en centros, sino que las administraciones tendría que dotar recursos para que puedan ocupar su vida y aspirar a un empleo", afirma Eva Regueiro.

La fiscal fue una de las que impartió junto a otros expertos, este pasado sábado, el módulo sobre calidad de vida de las personas con discapacidad, dentro del "Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos", un título de la Universidad de Vigo que ofrece la Facultad de Ciencias de la Educación del campus de Ourense.

La fiscal considera necesarios "más inversión y recursos sociosanitarios". "Hay algunas personas mayores que podrían permanecer en su casa protegidas con una ayuda a domicilio, y faltan educadores y trabajadores sociales". A su entender, el sistema flojea "sobre todo en el área de salud mental; estas personas son los grandes olvidados". "Deberían dotar recursos para que los enfermos se adhieran al tratamiento, porque no se puede obligar a un paciente a tomar la medicación, sino que es necesario un ambiente de confianza". Con tal filosofía operan las unidades de continuidad de cuidados, que se desplazan con psiquiatra y enfermera para administrar el tratamiento en el propio domicilio de la persona. "Existen en Ourense y Verín pero no en O Barco, que es un área enorme con esta carencia", critica.

Para esta experta es prioritario "gastar recursos y no crear guetos; no se puede dejar recaer toda la carga en las familias". Asimismo, insiste en la necesidad de que el sistema "intervenga desde abajo, haciendo hincapié en la educación para ver a los diversos como iguales e intentar desarrollar recursos para incluir a estas personas. No son números, no son cifras, son personas", finaliza.