El Instituto de Medicina Legal (Imelga) ha realizado unas 2.500 valoraciones en tres años (casi un millar, solo en 2013) para valorar capacidades. El juez hace una exploración y el forense dictamina si el estado psíquico de una persona no le permite ya valerse por sí misma. No todas las incapacitaciones implican un internamiento, siempre que el afectado tenga una red familiar que garantice su protección y cuidados. Si en su casa la atención no es posible, debe ser ingresado en un centro adecuado a su patología.

"Valoramos fundamentalmente la capacidad que tiene la persona de decidir, si es consciente de sus limitaciones o tiene deterioro que le impide conocer el alcance y no puede cuidarse por sí mismo" El responsable en Ourense del servicio forense, Julio Jiménez admite que "se ven conflictos emocionales muy fuertes" en la intervención judicial con personas en trámite de incapacitación. "Lo más conflictivo en estos casos se da en las fases iniciales de los deterioros cognitivos. Se trata de personas que no son capaz de alimentarse, o se olvidan el fuego o no pueden manejar su dinero, pero sí saben que quieren estar en su casa o con la familia. Actuar en estos supuestos son las situaciones más difíciles", dice.

“De aquí no me saca nadie”

El forense pone un ejemplo paradigmático, el de una ourensana de 90 años de edad e invidente que vivía sola, sin ningún familiar próximo a su localidad del rural. En su vivienda la accesibilidad era deficiente, como el hecho de tener que subir y bajar escaleras para las actividades domésticas. Durante un tiempo, un vecino se volcó en la atención, hasta el punto de que se encargaba de hacer la comida para ella. Cuando el hombre se fue de vacaciones, la nonagenaria declinó abandonar su domicilio. Con un buen estado psíquico aún, era consciente de sus limitaciones, pero igualmente rechazaba un internamiento en un centro adecuado. “Decía que de allí no la sacaba nadie, que quería morir en su casa. Moralmente fue difícil tomar la decisión”, recuerda Julio Jiménez.