Una investigación contra el tráfico de drogas iniciada en 2010, y que desencadenó más detenciones pasado un año, llegará a juicio en la Audiencia Provincial de Ourense, el próximo mes de abril. Un total de diez personas están acusadas de un delito contra la salud pública por participar presuntamente en una red para la distribución de cocaína. El presunto suministrador es un hombre residente en Pontevedra. La Fiscalía solicita una condena total de 61 años de prisión para la decena de encausados. La Sección Segunda de la Audiencia ha reservado cuatro días la sala de vistas para un juicio conjunto.
La Fiscalía sostiene que los sospechosos se dedicaban, al menos desde febrero de 2010, a actividades de transporte, venta o distribución de estupefacientes. Hay al menos dos ramas diferenciadas en el caso. Según los investigadores J. A. D. G., un hombre de 55 años residente en la zona de Pontevedra y presuntamente dedicado a traficar a "mediana-gran escala", vendió a A. L. C., con la intermediación de J. A. V. -quien presuntamente trabajaba para el primero en operaciones de distribución de droga, transporte y apoyo-, algo más de 1 kilogramo de cocaína con una alta pureza, del 87 %. En caso de ser vendida por dosis, la sustancia hubiera reportado más de 190.000 euros.
A. L. C. fue detenido con esa sustancia el 19 de julio de 2010 en la localidad de Medina de Rioseco (Valladolid), a la altura del kilómetro 221 de la A-52, sentido Benavente. Circulaba en un Citröen C3 ejerciendo presuntamente la función de transportista. La droga iba escondida bajo el asiento delantero izquierdo.
Según los investigadores, había ido acompañado de J. A. V. a una cita con J. A. D. G. y, posteriormente, de regreso tras la presunta transacción de droga, J. A. V. lo habría escoltado hasta la salida de la A-52 en Mombuey (Zamora), abriendo camino, comprobando que no hubiera ningún control o inconveniente en el camino y manteniéndose aproximadamente a 1 kilómetro del coche en el que se transportaba el kilo de cocaína. A. L. C. pasó dos años en prisión preventiva, hasta su puesta en libertad bajo fianza de 3.000 euros.
La investigación no se detuvo aquí. Con el presunto abastecedor como nexo común, los agentes dieron con más presuntos implicados en actividades de tráfico de drogas. Según resume la Fiscalía, J. A. D. G. también suministraba cocaína al acusado M. A. G. M., alias "Mortadelo", quien presuntamente se desplazaba a comprarla a la zona de Pontevedra para su venta al menudeo en la zona de Verín. Según los investigadores, utilizaba su negocio de panadería como tapadera y transportaba el estupefaciente en los vehículos del negocio.
La Fiscalía también lleva a juicio a A. J. G. y J. L. B., alias "Suso". Al primero porque presuntamente ejerció en alguna ocasión como "coche lanzadera" de M. A. G. M. -viajar delante para comprobar que el trayecto era seguro-. El segundo habría colaborado en la distribución de drogas a otros vendedores y también el menudeo.
Los agentes encontraron en las inmediaciones de una finca propiedad de la familia de M. A. G. M., que fue enviado a prisión preventiva, un tubo cilíndrico oculto entre las zarzas. Dentro había una balanza de precisión y una bolsa cerrada con 37,7 gramos de cocaína, con un valor de casi 3.700 euros. Los investigadores hicieron un registro con autorización judicial en su domicilio de Verín, donde localizaron cerca de 100 gramos de cocaína, sustancia de corte y efectivo. También localizaron una pistola modificada, por lo que al delito común contra la salud pública se le suma otro de tenencia ilícita.
Según los investigadores, este acusado suministraba sustancias estupefacientes al clan familiar de C. D. S., V. A. D., más los hermanos J. M. D. y V. M. D. Se dedicaban presuntamente a la venta al menudeo en Verín de cocaína, hachís y marihuana. Durante el día actuaban los dos primeros, mientras que el tercero solía actuar de madrugada. La última, según los agentes, realizaba presuntamente algunas ventas de droga en la peluquería que regentaba en Verín. Los agentes hicieron un registro en el domicilio familiar. en julio de 2011, más de un año después de la primera actuación de este proceso conjunto. Se incautaron de pequeñas cantidades de cocaína y cannabis, pero sin embargo aparecieron elevadas cantidades de efectivo: 22.900 euros en dos calcetines, 1.050 en un armario, y más de 700 en otras dependencias de la casa. La policía intervino dos coches presuntamente empleados por el clan para traficar.
Tres de los diez acusados se enfrentan a 8 años de cárcel y 760.000 euros de multa, cada uno. El resto de peticiones de pena oscilan entre un mínimo de cuatro años y medio a más de 7.
