Lo que pretendía ser un referente expositivo de la riqueza medioambiental puede quedarse en eso, en un mero proyecto. El centro de interpretación de parques naturales de Galicia, que se ubicaría en una parcela de Quintela, en la entrada a la ciudad, es a día de hoy inviable, debido a que se encuentra en una zona inundable, como así lo ratificó la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. De ahí que el futuro del inmueble, cuyas obras llevan paralizadas desde hace cuatro años, está pendiente de la decisión que se adopte por parte de las administraciones central y autonómica.
Por lo de pronto, desde la Xunta se tiene claro que en estos momentos no se puede reactivar el proyecto, y así se lo trasladará al Concello de Ourense en un informe, después de que se solicitase conocer qué es lo que pasará con esa infraestructura, que en estos momentos está totalmente abandona, llena de maleza y se convierte en foco de todo tipo de críticas.
Desde que en agosto del 2010, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil remitió al Concello y a la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente un informe en relación al proyecto básico y de ejecución del centro, en el que se plasmaba que la parcela se encontraba en zona inundable, la viabilidad del proyecto queda cuestionada.
Por lo que se concretaba que, a fin de evitar daños a personas y bienes, la totalidad de las plantas o volúmenes de ocupación del edificio deberían situarse a cotas superiores. Pero se continuó con la obra, hasta que en abril del 2013, ya con la edificación paralizada, el plan hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil plasma la existencia de "zonas de flujos preferentes", que incluye la parcela en donde se estaba a construir el centro de interpretación.
Eso lleva a que se deban realizar modificaciones del proyecto, y que deberán ser informada por la Confederación Hidrográfica, en función de las restricciones normativas actuales, entre las que destaca que es una zona inundable.
Soluciones
Una de las opciones que se puso encima de la mesa, y que se descarta, tanto por su encaje legal como por su alto coste económico, es la construcción de un muro de contención, que según las estimaciones supondría una inversión que superaría los 500.000 euros.
También se llegó a plantear, como la única soluciones que la edificación se encuentre fuera de la zona de flujo preferente del Miño, ya que existe vulnerabilidad de las personas y bienes en algunas plantas, aunque dada su localización, detrás de la carretera N-120, las velocidades de la corriente sean reducidas.
El proyecto contaba con un presupuesto que superaba los 8,5 millones de euros, de los que 7 los aportaba el Estado vía fondos europeos y, el resto, la Xunta. En lo construido, se gastaron algo más de 2,1 millones.
