Los padres de niños discapacitados psíquicos y físicos de Ourense sumaron ayer un nuevo apoyo institucional en la Diputación. El pleno de la corporación provincial aprobó por unanimidad demandar ante la Xunta la creación de un centro residencial público de continuidad para este colectivo al llegar a los 21 años. La iniciativa partió del BNG y fue secundada por PP, PSOE y DO, después de ser argumentada por dos portavoces de la asociación de padres y madres del Centro de Educación Especial "Miño", de Velle, en el que estos niños están escolarizados hasta que alcanzan la edad adulta.

Eva Gutiérrez y Pedro Rodríguez reivindicaron en nombre de todos los padres el derecho a elegir el centro al que llevar a sus hijos ya que Ourense es la única provincia gallega en la que no existe una residencia pública, lo que obliga a las familias a derivarlos a centros privados gestionados por fundaciones o asociaciones en los que la Xunta oferta plazas concertadas. La otra opción consiste en trasladarlos a otras localidades fuera de la provincia donde sí existen instalaciones de gestión pública lo que les lleva, indicó Gutiérrez, a separarse de sus hijos: "No queremos que nos obliguen a romper el vínculo familiar", reclamó.

Los padres defendieron así la necesidad de esta dotación ya que muchos de ellos rechazan las plazas concertadas en centros privados porque consideran que estas instalaciones no garantizan la atención cualificada y permanente que precisan sus hijos. "Tenemos el derecho a elegir si queremos un centro público o privado, al igual que en la educación o la sanidad, pero en este caso no podemos porque elegir público supone separarnos de nuestros hijos", señaló Eva Gutiérrez.

BNG, PSOE y DO cedieron su primer turno de palabra a los portavoces que explicaron la problemática a la que se enfrentan cuando sus hijos alcanzan la edad adulta y acto seguido, la diputada del PP, Teresa Cerdeira, manifestó el respaldo del grupo de gobierno a esta moción. No obstante, presentó una enmienda de sustitución con la que proponía solicitar más plazas concertadas a la Xunta para cubrir las necesidades del colectivo en Ourense mientras la creación de un centro no sea efectiva pero acabó retirándola porque tanto el BNG en nombre de los afectados, como la diputada del PSOE, Susana Rodríguez, mostraron su rechazo. La socialista recordó que las necesidades de estos niños son especiales y que la mayoría de estas plazas están en centros de la Fundación San Rosendo: "Estos niños no pueden acabar en un geriátrico", criticó. El PP retiró la enmienda y mantuvo su apoyo al texto íntegro de la moción presentada por el nacionalista Ramiro Rodríguez.

Asimismo, Teresa Cerdeira defendió la sensibilidad del grupo de gobierno en asuntos relacionados con la discapacidad y avanzó que el presidente, José Manuel Baltar, ha solicitado una entrevista con el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey, para abordar este tema.

Por su parte, el ANPA del CEE Miño mantiene su ronda de contactos con todas las instituciones y el lunes serán recibidos en el Parlamento de Galicia por todos los grupos políticos. El próximo viernes, una moción similar a la tratada ayer se abordará en el pleno del Concello de Ourense, en este caso por iniciativa de DO, que ayer destacó que la Diputación no puede hacer más que "instar" a la Xunta la creación de este centro, que es competencia de la Consellería de Política Social, aunque sí puede, por ejemplo, ofrecer algún terreno para su construcción, indicó Armando Ojea.

Según el acuerdo plenario adoptado ayer, el gobierno provincial solicitará a la Consellería de Política Social que realice las gestiones para dotar a Ourense de un centro de continuidad y que, "con carácter de urgencia", establezca mecanismos de colaboración para garantizar la permanencia de estos niños en el CEE Miño una vez cumplidos los 21 años "mientras no se resuelva la situación con carácter definitivo".