Tanto la Fiscalía de Ourense como la familia querían que un tribunal popular resolviera el crimen de Isabel Fuentes, asesinada por su marido cuando se recuperaba en el hospital de Ourense, el 8 de mayo de 2015. Consideraban que el primer ataque previo en el domicilio conyugal de Verín, que dejó a la mujer en estado crítico, estaba conectado al crimen finalmente consumado, de modo que los dos episodios -tentativa y asesinato- podrían ser analizados por un jurado popular, una figura a la que una ley de 1995 encomienda el veredicto sobre delitos de sangre, entre otras atribuciones. La magistrada titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Verín, María Cristina Fernández Viforcos, rechaza que el caso lo vea un jurado.

En una resolución que acaba de ser notificada a las partes, la instructora responde negativamente a esa pretensión de la Fiscalía y la acusación particular. La autoridad considera que el primer delito de tentativa de asesinato está fuera de las competencias del tribunal de ciudadanos. La juez ordena que el caso se encauce por la vía del sumario. En caso de que llegue a juicio -todavía una incógnita, por el estado de salud del esposo-, los encargados de estudiar y dictar sentencia serán tres magistrados de la Sala de lo Penal (Sección 2ª) de la Audiencia Provincial de Ourense.

La magistrada de Verín, en cambio, sí que accede a otra petición de las acusaciones que implica retractarse de su criterio inicial. El fiscal del caso -el delegado provincial de Violencia de Género, Julián Pardinas- y la familia de Isabel Fuentes solicitaron la acumulación en un único procedimiento de las dos diligencias previas abiertas hasta la fecha. Una, por el asesinato consumado en el hospital de Ourense. Las primeras, de abril de 2015, por el primer ataque de Aniceto Rodríguez a su esposa, en el domicilio en el que convivían en Pazos (Verín).

Estas últimas fueron abiertas por un supuesto robo con violencia, y la juez las mantuvo pese a los indicios que la Policía Judicial de la Guardia Civil le puso sobre la mesa. No compartir las advertencias le valió una queja de la familia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Promotor de la Acción Disciplinaria cerró el caso sin abrir un expediente, tras concluir que la magistrada adoptó las decisiones que consideró oportunas, conforme a la ley.

Fernández Viforcos descartó poner el foco en el marido cuando la Guardia Civil le advirtió del "peligro" que suponía para la mujer, apuntando a él como autor de un ataque previo en el domicilio conyugal que disfrazó de robo. Las conclusiones de los agentes se plasmaron en un atestado, solo 5 días después de que ocurriera ese primer episodio machista. La magistrada rebajó sus certezas a "conjeturas". La familia denuncia que "ocultó un caso claro de violencia de género", porque según los afectados solo dio traslado de las conclusiones policiales por teléfono a la Fiscalía, no a través de un escrito. Los parientes están convencidos de que la muerte pudo haberse evitado. La letrada particular, Beatriz Seijo, ha preguntado en sus quejas al Consejo por qué no se celebró una comparecencia para decidir si cabían o no medidas cautelares contra Aniceto Rodríguez.

Las posibilidades del caso siguen dependiendo en gran medida de la medicina. Los forenses sometieron a diversas pruebas al asesino para saber su estado después del ictus que sufrió a consecuencia del crimen. Le quedaron secuelas físicas y mentales. El dictamen, que no ha trascendido, dirá si conserva facultades para sentarse en el banquillo.