Los padres de niños y jóvenes con discapacidad psíquica y motórica de Ourense reclaman un centro residencial público en el que sus hijos puedan recibir cuidados específicos y atención terapéutica. Con este objetivo han iniciado una lucha que ellos mismos reconocen difícil: "Solo encontramos puertas cerradas", afirma Antonia Fernández, madre de una niña de 11 años que por ahora está integrada en el colegio de Mende.
Ourense es la única provincia gallega que no dispone de un centro residencial público de continuidad para los discapacitados que, cumplidos los 21 años, concluyen su etapa escolar. Para ello, la Xunta oferta plazas en centros concertados gestionados por fundaciones y entes privados. Pero no es una opción que guste estos padres, que se quejan de que reubican a sus hijos con ancianos dependientes o en centros que carecen de personal preparado para las atenciones especiales que requieren sus hijos. Además, no siempre consiguen plaza, por lo que acaban acudiendo a los centros públicos de otras provincias, lo que les distancia y les obliga a desplazarse para visitarlos. "No es lo mismo que tenerlos aquí cerca, eso rompe el vínculo familiar y nuestros hijos lo notan", aseguran.
Hace cuatro años que María Jesús solicitó plaza pública en el centro de Aspanas de A Peroxa para su hijo Diego, "y sigo esperando a que me llamen", asegura. Consiguió sitio en el centro público de Sarria (Lugo), a 90 kilómetros de su casa, y lo visita cada domingo. "Ahora mi marido y yo podemos, pero llegará un día, por lo que sea, que no podremos", lamenta.
María Hortensia González tampoco consiguió plaza en Aspanas y se vio obligada a internar a su hijo en una residencia de la Fundación San Rosendo en A Farixa para grandes inválidos. "Cuando visité el centro al que iba a llevar a mi hijo me sentí desolada porque solo veía personas mayores, pero no tenía otra opción. Intenté tenerlo en casa pero mi marido está enfermo y sola no podía, tenía que depender de los vecinos", relata.
Los padres que tienen a sus hijos en el Centro Especial Miño, de Velle, a punto de cumplir los 21 años, temen verse en la misma situación y han decidido iniciar esta lucha para conseguirlo. A Elena Domínguez y Pedro Salgado les queda un año más en este colegio donde, dicen, "están muy bien cuidados, en un ambiente propicio". Finalizada esta etapa, "no tienen nada, irse para casa o a uno de esos centros concertados en los que no van a estar igual de atendidos", indica Elena, madre de Xoel, quien también considera discriminatorio que ellos no puedan elegir un centro público en su provincia como el resto de padres gallegos.
Democracia Ourensana y BNG han presentado iniciativas al pleno del Concello y la Diputación, respectivamente, y la CIG ha convocado a todas las fuerzas políticas y sociales a una reunión abierta para abordar este tema que se celebrará el miércoles 24 en le Ateneo, a las 19 horas.
