El grupo de gobierno de la Diputación presentó ayer a la oposición la propuesta de una ordenanza para regular la utilización por parte de terceros de instalaciones y centros culturales dependientes de la institución provincial para congresos, conciertos, conferencias o actividades análogas. El documento, que se someterá a debate y aprobación en el próximo pleno ordinario el viernes 26, incluye la aplicación de precios públicos para la utilización de estos espacios por parte de las entidades privadas que serían acordados por la junta de gobierno.
El diputado de Cultura y presidente de la comisión informativa que se reunió ayer por la tarde, Manuel Doval, presentó este planteamiento a los grupos y fue el secretario xeral, Francisco Cacharro, el que explicó su contenido, recalcando que el sentido de esta ordenanza es el de regular la cesión a terceros de la utilización de estas instalaciones, principalmente del centro cultural Marcos Valcárcel y el Teatro Principal, y las "contraprestaciones que la Diputación pueda exigir por ese uso". En palabras de Doval, aprobar unas "reglas del juego, que hasta ahora no existían".
La iniciativa que se lleva a pleno ha sido formulada por la Presidencia y requiere dos acuerdos. Uno sobre la propia ordenanza que ayer ya recibió el apoyo tanto del PP como del grupo de Democracia Ourensana, y la reserva de voto del PSOE y el BNG. El segundo consiste en delegar a la junta de gobierno la competencia de fijar los precios, y en este caso toda la oposición se ha reservado el voto. Manuel Doval, pidió disculpas a los diputados por no haber entregado antes la documentación para que pudiesen estudiarla con calma.
Los principios básicos del documento establecen que tanto las administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro, así como las actividades dirigidas a escolares y eventos con fines benéficos, quedarían excluidos de estas tarifas, manteniéndose en este caso, el carácter gratuito. Serán las entidades privadas que hacen uso de estas instalaciones las que estarán sujetas a los precios públicos, todavía por definir. De esta forma, actividades organizadas por entidades bancarias, congresos médicos o de otros colectivos que solicitan estas instalaciones estarán sujetas a unas tasas que supondrán un rendimiento económico para la Diputación y que se canalizarán con fines públicos.
El secretario destacó la "utilidad" de esta ordenanza ya que establece las "reglas básicas" para ceder estos espacios a terceros.
