El alcalde de Xinzo de Limia (Ourense), el popular Antonio Pérez Rodríguez, pidió hace semanas a la juez Pilar de Lara que levante su imputación en el marco de la Pokémon.La iniciativa trascendió ayer. Al regidor -que también es investigado en su localidad por presunta prevaricación en contratos- se le atribuye no haber pagado la multa de la grúa en Ourense valiéndose de su condición de regidor, según un "pinchazo" telefónico entre dos responsables de la empresa Vendex. Uno de ellos señala que "está llamando el alcalde de Xinzo por un coche" y el otro le indica que se le retire. Él lo niega y critica verse inmerso por la alusión de terceras personas.
La Fiscalía dará su parecer sobre el recurso de su abogado. En el documento, la defensa alega que un informe elaborado por Vigilancia Aduanera concluyó que "no se detecta ningún vehículo que pueda relacionarse" con él ni en los archivos del Grupo Doal ni del Ayuntamiento de Ourense. La defensa sostiene que Antonio Pérez "no tiene relación con personal de Vendex" y que "la grúa municipal nunca le retiró vehículo alguno, ni en Ourense ni en otro lugar de España".
"Que una persona afirme a otra que le ha llamado un tercero pidiendo la devolución de un coche (...) no permite considerarlo como indicio de comisión delictiva", razona, al tiempo que plantea que tal vez esa llamada no existió o que una persona ajena al alcalde pudo hacerse pasar por él pensando que sería "un buen elemento de presión".
Ulloa no puede salir del país
El abogado critica "la ausencia de objetividad" de Aduanas e interpreta que la "sobrecarga de trabajo" de los funcionarios asignados a la Pokémon pudo "desencadenar el error" de pedir la imputación del alcalde sin que la jueza "se hubiere percatado de la insostenibilidad de los hechos".
Por otra parte, la magistrada De Lara ha emitido un auto para suspender la obligación del exjefe de la Policía Local de Ourense, Abelardo Ulloa, de comparecer periódicamente ante el juzgado, una medida impuesta tras su puesta en libertad provisional en septiembre del año 2012.
Lo que no ha aceptado la jueza es permitir su salida del territorio nacional, "sin perjuicio, como en la práctica realizan otros investigados, de que si en algún momento puntual" necesita hacerlo "puede presentar una solicitud fundada y puede acordarse una autorización provisional".
Abelardo Ulloa mantiene la condición de investigado --la figura que sustituye a la imputación-- por un delito continuado de cohecho, delitos de falsedad documental, delitos de tráfico de influencias, fraudes y exacciones legales, violación de secretos, prevaricación y extorsión.
