El Unións Agrarias advierte de la complicada situación en la que estarán la mayoría de las explotaciones agrarias de la provincia de Ourense, una vez que se aplique el "Catastrazo", si los concellos no toman medidas para aliviar la presión fiscal sobre las granjas, naves, y otras instalaciones del rural, que hasta ahora estaban exentas del pago del IBI, o "contribución", por lo que les propone alternativas.

Alerta que la revisión catastral o "Catastrazo", que se inició en 2013 en aplicación de la resolución de la Dirección xeral do Catastro de 10 de septiembre de 2013, supone un intento del Ministerio de Hacienda de sanear las cuentas de los Concellos a través de la revisión y subida de los bienes del Catastro de Urbana y Rústica en todo España , y en los concellos de Galicia en particular, y que en la provincia de Ourense de un total de 92 concellos, ya afectó a 27, estando 20 en revisión actualmente, y prevista la incorporación de todos los restantes que lo soliciten hasta finales de 2016 o 2017 de ser prorrogado.

Actualmente en la provincia se está recaudando 66.566.625 euros cada año en concepto de cobro de IBI por Catastro Urbano y Rústica, 64.695.150 en concepto de Urbana, 1.871.475 en concepto de Rústica, estimándose que en el caso de Rústica el Ministerio pretende multiplicar esta cifra por 10 mediante el "Catastrazo", una vez que finalizase el proceso de regularización.

Unións Agrarias entiende esta revisión es desproporcionada en el caso del Catastro de Rústica, por lo que dice que los concellos deben tomar medidas para paliar su impacto en la actividad agro ganadera, especialmente en los sectores de leche y carne, que atraviesan por su crisis más grave de las últimas décadas. Así, pide básicamente dos medidas:. Una, que los concellos reduzcan al mínimo la cuota de liquidación prevista por la ley que es del 0,3 por ciento del valor catastral de los inmuebles de rústica (granjas, galpones, establos, invernaderos), y otra, que a mayores aplique las bonificaciones que permita la legislación a las instalaciones actualmente en activo, utilizadas para generar rentas y empleo en el rural.

Destaca el sindicato que ambas medidas solo son posibles "en los Concellos que no se acogieron al `rescate municipal´", frente al resto.

Dice que en la actualidad en 15 ayuntamiento de la provincia se aplicarían en rústica la cuota alta de más del 0,7, y que 31 concellos tiene unas cuotas intermedias (entre 0,5 y 0,7), y 46 están aplicando el mínimo, menos del 0,5. Al contrario, señala que los concellos en rescate quedan sin margen para poder rebajar la cuota establecida.

La aplicación de los criterios propuestos por UUAA haría que un establo que estuviera valorado en 100.000 euros, y que hasta el momento del "catastrazo" no pagaba el IBI, pasaría a pagar 900 euros cada año si se le aplica el 0,9 de tasa. Con la primera medida propuesta por UUAA, rebajando la cuota hasta el 0,3 que permite la Ley, pasaría a pagar 300 euros cada año, y de aplicarse la segunda medida, de una bonificación del 90 por ciento, , pasaría a pagar 30 euros.

Por otra parte, desde UUAA también se denuncia que esta revisión catastral tienen un efecto negativo en las becas de estudios de familias del rural, ya que el Ministerio de Educación pone tope para tener derecho a una beca, siendo en función del valor catastral rústico, que "hasta ahora no importaba pero como ahora se va a catastrar naves, construcciones, si se supera los 13.000 euros por miembro de la familia no tienen derecho a beca", observa Xacobo Feijoo, miembro de UUAA.