Una vez concluida la fase de alegaciones al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense, aprobado inicialmente a finales del anterior mandato, y analizadas las cerca de 6.000 sugerencias realizadas, el gobierno municipal prepara un documento que trasladará al resto de grupos, al objeto de intentar alcanzar un acuerdo y seguir adelante con el proceso que permita su aprobación definitiva y que saque a la ciudad de la situación actual, después de la anulación por parte del Tribunal Supremo del planeamiento de 2003.
Los técnicos municipales y el equipo redactor del planeamiento urbanístico elaboran un documento que analiza un total de 130 puntos de referencia, que emanan de las propuestas que trasladaron los diferentes colectivos profesionales y vecinales al grupo de gobierno municipal en las reuniones que celebraron, y de las que se podrían aceptar el 80% de las mismas, según explica el responsable del área de Urbanismo, José Cudeiro.
Es por eso que, una vez se concrete el informe, en el que se reflejará la inclusión en el documento del plan de urbanismo todas estas propuestas, se procederá a negociar con los representantes de los grupos, y toda la documentación se llevará ala comisión de seguimiento del plan para intentar alcanzar un acuerdo que permita evitar más demoras, ya que en estos momento está en vigor el plan de 1986 y la ordenación provisional, en la que se contemplan una treintena de ámbitos, tanto públicos como privados, en los que se puede actuar.
Negociación
El edil de Urbanismo estima que la negociación se puede prolongar por espacio de un mes, en busca de ese necesario consenso, ya que el gobierno popular no cuenta con la mayoría necesaria para poder sacar adelante el nuevo documento en el que ya se incluirán las modificaciones.
Unos cambios que según explica José Cudeiro no cuentan con la relevancia suficiente para abocar al Concello a una nueva exposición pública, con lo que eso llevaría consigo. Sobre esas consecuencias alerta el responsable de Urbanismo, en el sentido de que "entraríamos en un bucle muy negativo para la ciudad y que no acabaría nunca", debido a que se debería retomar buena parte del procedimiento administrativo.
De ahí que en la hoja de ruta del gobierno municipal no se contempla una nueva exposición al público, al igual que sucede, por lo menos hasta estos momentos, con los grupos socialistas y de Democracia Ourensana, mientras que Ourense en Común llegó a plantear una iniciativa plenaria en este sentido, y que fue rechazada.
Por lo de pronto, de las alegaciones analizadas por los técnicos municipales y del equipo redactor, nada hace indicar que los cambios que se puedan asumir sean determinantes para una nueva exposición, ya que eso supone que se tengan que volver elaborar los correspondientes informes de varios departamentos de otras administraciones, así como de diferentes organismo, como así se establece por ley, cuando se trata de un planeamiento urbanístico.
Pero lo importante para el responsable del área de Urbanismo es que se "avance" en ese camino para conseguir un nuevo documento con el mayor consenso posible que permita su aprobación definitiva.
En este punto será clave la postura de los grupos sobre las propuestas que trasladaron al edil de Urbanismo y al alcalde, Jesús Vázquez, varios colectivos vecinales y profesionales en las reuniones que celebraron, y sobre las que le preguntaron por parte de Ourense en Común a Cudeiro, que justificó la necesidad de las mismas para tener un mayor conocimiento del planteamiento que hacen, más allá de las alegaciones que en su momento presentaron al documento aprobado inicialmente en el período de exposición al publico, que fue de tres meses.
Una de las preocupaciones que existe, y en la que se incide de forma reiterada, es en todo lo concerniente a la seguridad jurídica que debe tener el proyecto de ordenación urbanística que finalmente se apruebe, y de esa forma evitar posteriores problemas que terminan llegando al ámbito judicial.
Sobre la necesidad de agilizar todo el proceso, las principales demandas en este sentido proceden de los empresarios del sector de la construcción, y de colectivos directamente vinculados al mismo. Así como de colectivos vecinales afectados pro el actual documento.
