El PPdeG mantiene su respaldo a Baltar pese a su investigación por presunto delito de cohecho y, quizá según la juez, tráfico de influencias. El secretario xeral, Alfonso Rueda, renovó la confianza en el barón de Ourense ante las "decisiones judiciales contrapuestas". Frente a los indicios de presunto delito del presidente de la Diputación apreciados por la juez de Instrucción 3, Eva Armesto, el fiscal jefe provincial ratifica que no hay ni el "mínimo racional". Florentino Delgado ha formalizado recurso para que el caso se archive. El máximo responsable en Ourense de la Fiscalía -el mismo que inició a finales de 2012, con una querella, el proceso que condenaría a Baltar padre- no ve rastro de ilícito penal del hijo y deduce que la actuación de la particular, T. F. C., -también investigada por la juez-, "es claramente sospechosa de una venganza por no haber logrado su ilícito e ilegal objetivo, llegando al extremo de la autoinculpación para lograr el avieso fin procesal de instrumentalizar un procedimiento penal". El fiscal jefe pide el archivo del proceso para ambos o que, como mucho, sea citada como testigo la particular.
La instructora suspendió la declaración como testigo de la mujer, prevista para el pasado jueves, y citó a ambos en calidad de investigados (término que sustituye al de imputado). Sospecha que José Manuel Baltar pidió o aceptó un favor sexual "para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión: nombramiento de la misma para un empleo público conociendo que carecía de los requisitos legalmente establecidos para ello". El fiscal jefe rebate a la instructora y al "giro copernicano" que imprimó al caso. En un escrito de 3 páginas, de fecha 2 de febrero, se ratifica en el decreto con el que cerró su investigación previa, el 25 de noviembre, y considera que los supuestos hechos son "meras conjeturas" basadas en la "alegación de la denunciante o en meras recreaciones sin constatación".
El "pacto" con Baltar padre
Sostiene Florentino Delgado que "es obligado tener como norte que la denunciante-investigada quiere obtener una plaza de empleo público en la Diputación de manera ilegal, "saltándose" los procesos selectivos. Si se llega a entender cabalmente este presupuesto, las inferencias de lógica llevan a considerar que no hay indicio delictivo, al menos por parte del denunciado-investigado".
La mujer aportó 6 audios grabados en secreto como prueba. En algunos se aludía a un posible cambio de nota en un proceso selectivo para favorecerlas. En otras, palabras de este tenor. "Después de echar a todos estos -Baltar ya era presidente provincial y acababa de anunciar el primer ERE en una Diputación- vamos a hacer una historia de servicios sociales. Te voy a solucionar el problema y ya está". Baltar no ha querido confirmar ni desmentir las grabaciones, al argumentar que es un caso personal. El fiscal jefe las dio por buenas en su investigación previa.
El recurso vuelca las alusiones contra la mujer. Subraya que la particular, extrabajadora de la institución desde 2003 a 2009 y colaboradora del partido en congresos y otros actos, "señala sin rubor ninguno" que su objetivo era entrar enchufada. Según su versión, existía un "pacto" con el antecesor y padre del actual presidente, en 2007, de tal modo que Baltar hijo "es una suerte de heredero de ese supuesto pacto, nunca reconocido". El progenitor, según ella, "le dijo que se presentara y le iba a dar la plaza; curiosamente en este caso no señala que hubiera habido contraprestación anterior o posterior".
Delgado cuestiona que la mujer no denunciara también al padre, y que la juez no hiciera al respecto "valoración alguna". Si desde que se produjo el pacto hasta el momento de la denuncia, en octubre de 2015, "no ha sido posible determinar un acto, por nimio que sea, que evidencia la voluntad de que se iba a realizar por parte del denunciado la decisión objeto del cohecho, resulta imposible, a juicio del Ministerio Fiscal, inferir ese dato de unas grabaciones aportadas por la parte interesada".
"El pensamiento no delinque"
Ya dejó claro el fiscal jefe al archivar su investigación previa que su labor "no es ser guardián de moralidad alguna, ni de la denunciante, ni del denunciado, ni de la sociedad". En el recurso deja claro que, en derecho penal, "el pensamiento no delinque". En el caso denunciado cree que "no existen actos algunos de tinte preparatorio achacables" a Baltar. La supuesta sospecha contra el líder del PP de Ourense y la Diputación "no se refleja en acto alguno, salvo que mantener una relación sexual sea un acto sospechoso de cohecho y que la mera manifestación de la denunciante de 'qué hay de lo mío', sea un indicio de mínimo peso frente a la absoluta inactividad delictiva".
El fiscal insiste: "No hay indicio de cohecho en el denunciado y, si pudiera existir por propia autoinculpación en la denunciante, dicha conducta más tiene que ver con una sospecha de venganza por verse burlada, que con un indicio serio que un juez deba tomar en cuenta".
Tampoco tráfico de influencias
Opina en el mismo sentido sobre el otro posible delito de tráfico de influencias, por el que político y particular serán investigados. No hay delito, según jurisprudencia, cuando incluso una "presión moral indebida" no termine "en una verdadera resolución". La mujer no fue contratada.
El recurso es de reforma y subsidiario de apelación, lo que quiere decir que la misma juez lo estudiará primero. No es previsible que se retracte, por lo que será la Audiencia Provincial -el tribunal de apelaciones- la instancia que decida si Baltar va a declarar con abogado el 10 de marzo, 5 días después del congreso de reelección del PP de Ourense.
