Desde 2013 la juez de Primera Instancia e Instrucción 2 de Verín tiene abiertas diligencias por presunta prevaricación administrativa en Verín. En esta causa se acumularon pesquisas sobre obras del Plan E. Un vecino detectó posibles sobrecostes de 55.000 euros, según su versión, en dos actuaciones llevadas a cabo cerca de su casa, y ejecutadas por una misma empresa. En el foco se sitúa la gestión de las adjudicaciones de una época en la que todavía era el alcalde Juan Manuel Jiménez Morán, actual senador del PP por designación autonómica y portavoz local del PP. No está formalmente investigado, puesto que para llamarlo a declarar el juzgado local debería inhibirse ante el Tribunal Supremo, para que al órgano superior tramitara el suplicatorio ante la Cámara Alta. Jiménez es aforado.
Hasta ese hipotético escenario o el archivo, la magistrada del número 2 de Verín, Mónica Fernández, sigue dando pasos en la investigación. Con fecha de 14 de enero, dictó una providencia requiriendo al Concello de Verín -gobernado por el PSOE desde las últimas municipales- información sobre todos los expedientes de adjudicaciones de obras de los años 2008 y 2011, con Jiménez Morán aún en el sillón de la Alcaldía. En la causa ya constaban las certificaciones de obras relativas a los ejercicios de 2009 y 2010. La reciente providencia es la primera dirigida al concello en el actual mandato.
