La controversia suscitada en su momento sobre las obras de urbanización de la calle Clara Corral Aller, donde tiene su vivienda unifamiliar el exalclade socialista, Agustín Fernández, es un asunto que sigue encima de la mesa del gobierno popular, y sobre el que el actual regidor, Jesús Vázquez, evita pronunciarse, alegando para ello que solicitó "más informes" para poder adoptar una decisión sobre la posible reclamación que pueda realizar el Concello, toda vez que tuvo que devolver más de 83.000 euros de la subvención del Plan E con el que se ejecutaron las obras.
Una situación que deriva del decreto de archivo del fiscal jefe, Florentino Delgado, que aunque entiende que no hay causa penal sobre prevaricación y tráfico de influencias, como así se señalaba en la denuncia que en su momento presentó el grupo popular, advierte que "habría que valorarse, por quien corresponda, eventuales declaraciones de lesividad" de las juntas de gobierno local que acordaron las devoluciones de los avales, con los que los propietarios -entre ellos el exalcalde- debían hacer frente, en la cuantía que le correspondía, a las obras.
Así como a "cualquiera otras actuaciones que devuelvan a las arcas municipales los importes que debían haber sido satisfechos por los particulares". En este sentido existe un informe de la Intervención Municipal, en el que se concreta que el exalcalde deberá devolver en torno a 28.000 euros.
Una cuestión sobre la que el alcalde asegura ser conocedor, pero mantiene el mismo mensaje, el de "debemos tener toda la información", en alusión a los informes técnicos y jurídicos que se solicitaron. "Cuantos más tengamos, muchosmejor", dice Vázquez.
Expediente informativo
Por lo de pronto, lo que indicó el alcalde es que por parte del concejal de Urbanismo, José Cudeiro, se ordenó la apertura de un expediente administrativo informativo de la posible responsabilidad civil en el caso de las obras de urbanización de la calle en donde tiene su vivienda Agustín Fernández.
Y aunque por el momento no se adoptó decisión alguna, Jesús Vázquez advierte que por parte del Concello "tenemos la obligación de cumplir con la legalidad", por lo que no descarta que eso pueda dar lugar a responsabilidades que se deben determinar en esos informes de los técnicos municipales.
Otra de las cuestiones sobre las que se pronunció el fiscal jefe es en relación a la licencia de ocupación concedida en su momento al exalcalde, y concreta que "cuando se concedió se hizo con una condición, la de urbanizar el frente del terreno de su vivienda", y señaló que "la propia legislación establecía que el incumplimiento de esa condición tendría como consecuencia la caducidad de la licencia con pérdida de la misma, que impide el uso de lo edificado".
Un incumplimiento que es palmario, como así lo entiende el fiscal jefe, que en su decreto pone de manifiesto que "tampoco se ha procedido a adoptar la decisión derivada de ese incumplimiento". Sobre esta cuestión de la licencia, el concejal de Urbanismo indica que solicitó un informe al respecto, para saber si en estos momentos no se podría hacer uso de los edificado -la vivienda unifamiliar-, como así lo entiende Delgado.
Una vez sustanciado el asunto de la denuncia penal con el decreto de archivo del fiscal jefe, que también señala una "enriquecimiento injusto" del propio exregidor Fernández, queda pendiente la decisión del concello, directamente afectado por los acuerdos del anterior ejecutivo socialista. Sobre esta cuestión, fuentes judiciales consultadas entienden que el gobierno municipal debe tomar decisiones en defensa del interés público, de no hacerlo podría estar incurriendo en un presunto delito de prevaricación por omisión, al ser conocedor y no actuar.
