Este nuevo episodio genera nuevas sombras en la actuación de la administración en el derribo de la vivienda de Rosa Alonso y Miguel Fernández, tras más de 25 años de persecución del denunciante, un vecino cuya vivienda también es ilegal. No ha dejado de serlo, pero sigue en pie.
Como informaba en septiembre del pasado año en este mismo diario Javier Fraiz, los propietarios de la vivienda recibieron un escrito del Concello en el que un mes después de la demolición, le reclamaban por vía de apremio el pago de 1.000 euros del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) por una vivienda que ya no existía. El Concello le reclamaba entonces 847 euros por el tributo más 84,72 en concepto de recargo y 2,8 euros de costas del proceso. "No se trata solo de vencernos, parece que quieran aniquilarnos", declaraba entonces Rosa con amargura.
En esa misma información publicada en FARO declaraba que "entiendo que el ordenador pudiera lanzar una carta por error, pero lo normal es que en el Concello hubieran notificado escritos a la entidad bancaria y al Catastro, dejando claro el estado".
