Diez años llevan peleando las 62 familias que en 2005 firmaron un contrato con la inmobiliaria Seiseme, con sede en Catoira, para la adquisición de una vivienda en Regualde, Castro de Beiro. Entregaron anticipos de entre 30.000 y 60.000 euros pero nunca vieron las máquinas en el solar. La empresa acabó en concurso de acreedores y su dinero se esfumó, sin dejar rastro del chalet con piscina que iba a ser su hogar.
Muchos perjudicados reclamaron la devolución del adelanto por la vía civil sin éxito porque, ante la situación sobrevenida y el agravante de la crisis inmobiliaria, el promotor se declaró insolvente. Otros perjudicados intentaron el camino penal acusando a J.A.I.R. de estafa. Ayer se sentó en el banquillo de los acusados del Penal 1 de Ourense, acusado por tres familias que se consideran estafadas, según explicó uno de los afectados, quien asegura que "sabiendo que no tenía licencia para construir y que no se la iban a dar nos tuvo engañados, dándonos largas y pintándonoslo estupendamente". No fue esta la única urbanización promovida por Seiseme que no se ejecutó, hubo otros casos similares en el resto de Galicia.
El de ayer era el tercer juicio por la vía penal contra este promotor en relación con la urbanización de Castro de Beiro. En los dos anteriores resultó absuelto, según explica el letrado de la defensa, Juan José Vázquez, porque "quedó demostrado que su intención era construir y no hacer daño a esas familias". Ni en aquellos ni en el que se celebró ayer se personó el Ministerio Fiscal al entender que se trata de una cuestión que debe dirimirse en el ámbito civil. No obstante, la acusación particular sostiene que el administrador es responsable de un delito de estafa o subsidiariamente de apropiación indebida y solicitó una pena de prisión de hasta tres años. La letrada Bárbara Valeiras aportó un informe pericial económico facilitado por los afectados de Vilagarcía "que dice que llevó una vida de lujo, con vehículos de alta gama, facturas de restaurantes y hoteles de alto nivel, lo que demuestra que obtuvo un beneficio". Afirma que promocionó la urbanización "desplegando todo tipo de medios publicitarios y buzoneo, ofreciendo algo muy atractivo y a buen precio, pero no hizo tramitación administrativa alguna con el ayuntamiento". Una de las afectadas pidió un préstamo bancario "y tiene una reclamación judicial abierta porque no la puede pagar", apunta la letrada.
La defensa alegó que no hubo engaño, que el promotor "invirtió muchísimo dinero" en el solar y dos años de tramitación. Asegura que se iniciaron trabajos de conexión con el abastecimiento pero que el Concello las paralizó. "Mi cliente informó a los clientes de que no tenía licencia y que la obtendría en 18 meses pero los compradores se asustaron y rescindieron los contratos". Niega el enriquecimiento y asegura que "el dinero de los anticipos estuvo siempre en la empresa, nunca fue transferido a su cuenta particular", concluye su abogado.
