La Xunta es la administración encargada de dotar medios y recursos necesarios para que la justicia opere en Galicia. En una contestación a una providencia del juez, un perito denuncia que lleva sin cobrar un informe desde que, en noviembre de 2012, facturó por un trabajo realizado en junio de ese año. Son 1.105,94 euros, IVA incluido, que el profesional aún no ha ingresado pero por el que tuvo que liquidar el impuesto en enero de 2013. El experto recuerda esa situación de impago en una contestación al juez que investiga el mayor ataque ecológico al río Barbaña. El profesional, licenciado en Biología, consultor ambiental y experto en Ornitología, responde negativamente al requerimiento para que elabore un segundo estudio, más completo, centrado en poner cifras sobre los daños causados por el vertido que mató a 17.000 peces en junio de 2009. "Ante estas condiciones de impago y precariedad laboral, solicito el cobro del informe pericial ya realizado para poder abordar cualquier otro tipo de informe al respecto", finaliza en su respuesta.
El magistrado del caso, Leonardo Álvarez, dictó una providencia tras examinar el escrito para que la Xunta aclare cómo proceder. Quiere que la administración responsable explique "si, de acuerdo a sus normas para retribuciones a peritos y demás que resulten de aplicación", este profesional "tiene derecho a percibir en este momento sus honorarios en relación al primer informe elaborado, o si por el contrario debe esperar a la finalización de la causa para tal percepción". El juez considera la aclaración "relevante para la presente causa, a fin de poder, en su caso, requerir nuevamente al perito para la realización del nuevo informe".
La providencia dirigida a la administración es de fecha 18 de enero (la contestación del perito, firmada el 24 de diciembre, entró en el juzgado el día 4). No consta, por ahora, contestación de la Xunta.
Para el primer informe, el perito fue designado de entre el listado del Colegio de Biólogos de Galicia. El nuevo encargo fue solicitado por la Fiscalía en diciembre y, atendiendo a esa iniciativa, el magistrado solicitaba "valoración económica de los daños ocasionados por el vertido efectuado el 24-06-2009 en el río Barbaña, debiendo constar los siguientes extremos: a) consideraciones previas al estado anterior a la agresión ambiental y b) incidencia de la agresión ambiental sobre los ecosistemas, diferenciando los hábitats, especies de interés, aguas superficiales y subterráneas, así como los usos de dichas aguas y sus aportes".
El conflicto surgido con el perito por el impago de la Xunta supone un nuevo bloqueo a una investigación que supera ya los 6 años en marcha. Tras varios archivos, el magistrado sigue en el caso por orden de la Audiencia para definir las responsabilidades del mayor atentado ecológico al río Barbaña, un recurso castigado por la contaminación desde hace décadas y en el que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil no prevé completar el saneamiento hasta dentro de un lustro, una vez ejecutada una inversión global de 17 millones, la mayoría con cargo a un plan europeo.
En junio de 2009, un vertido industrial mató a 17.000 veces y causó un impacto en el ecosistema que ha de ser valorado. Retrasos y trabas caracterizan la investigación de este delito ambiental. La labor de la fiscal delegada, Carmen Eiró, ha sido clave para que el caso no quedara en el cajón. También la labor de la plataforma "Ríos Limpios" y su germen vecinal, promotora de la querella. . El Barbaña discurre durante 22 kilómetros hasta desembocar en el Miño, junto al Pabellón de Os Remedios. Los tres principales polígonos industriales que orilla -San Cibrao, Pereiro y Barreiros -son su principal amenaza. En junio de 2009, un vertido de alta concentración de ácido y metales pesados acabó con la fauna fluvial. Murieron 17.000 peces. La contaminación hizo que los niveles de cobre en el río fueran 120 veces superiores a los permitidos y los de cinc, 200 veces mayores.
Ese primer informe y el más pormenorizado encargado el biólogo servirán para que las acusaciones tengan base para pedir indemnizaciones en caso de juicio. Lo que no llegó a determinar el Seprona ni la Confederación es qué empresa provocó el derrame. La causa reveló las carencias de la depuradora de San Cibrao y la red de saneamiento, donde se intensificarán las inversiones. En 2009, la planta carecía de un conductivímetro, que habría frenado el vertido, pese a que estaba obligada a tenerlo tal y como establecía el permiso del organismo de cuenca. La contaminación se habría evitado con ese sistema y activando el "tanque-pulmón" (para eliminar el tóxico con sosa en un proceso físico-químico).
Cuatro personas investigadas
A diferencia del juez instructor, que llegó a archivar el caso al entender que el ámbito para reclamar responsabilidades es el civil, la Audiencia ordenó investigar pese a desconocerse la autoría directa. La sala considera que la EDAR debió poner en marcha sistemas para detectar y frenar los contaminantes. Espina y Delfín, la empresa que la gestiona, sería responsable por omisión. El concello de San Cibrao, el responsable civil subsidiario.
La Fiscalía de Ourense mantiene que existen indicios de un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, en la modalidad de imprudencia grave, tipificado con entre 1 y 2 años de cárcel y multa de 4 a 8 meses. En el proceso penal han declarado como investigados cuatro personas de la mercantil. Pasaron por el juzgado la administradora solidaria, el jefe de servicio, el encargado de mantenimiento de la planta así como el responsable de control de funcionamiento de la instalación de aguas residuales.
